La iniciativa popular con las repercusiones más significativas de los dos últimos decenios mantiene en vilo a la política suiza actual: el sí a la Iniciativa contra la inmigración masiva pone en tela de juicio el consenso mínimo de política europea que, hasta ahora, funcionaba bien. Y ya se atisban los nubarrones de la siguiente iniciativa contra la inmigración, aún más radical.
«No se puede lavar a un oso sin mojarle el pelaje». El Presidente del grupo parlamentario de la UDC, Adrian Amstutz, citó en marzo de 2014 este antiguo dicho popular, cuando el Consejo Nacional debatía sobre la aplicación de la llamada Iniciativa contra la inmigración masiva. Con ello Amstutz puso el dedo en la llaga en lo que respecta a la situación actual y reconoció indirectamente que Suiza se enfrenta a enormes dificultades de política interior y europea desde la aprobación de la nueva cláusula constitucional del pasado 9 de febrero. Y es que independientemente de la estructuración concreta de la futura política suiza de inmigración, lo que está en juego es nada menos que la relación de Suiza con la UE en su conjunto.
El consenso mínimo hasta ahora vigente entre prácticamente todas las fuerzas políticas del país sobre la vía bilateral se está desmoronando. Desde el no del pueblo al Espacio Económico Europeo (EEE) en 1992, la vía bilateral se consideraba la solución óptima para la política europea helvética. Incluso la Unión Democrática del Centro (UDC), que tradicionalmente observaba con el mayor escepticismo cualquier nueva aproximación de Suiza a la UE, aprobó básicamente esta política. Ni siquiera en la campaña electoral de la Iniciativa contra la inmigración masiva puso en entredicho los acuerdos bilaterales y, oficialmente, esa sigue siendo su postura. El Secretario General de la UDC, Martin Baltisser, dice: «Tenemos que regular bilateralmente las relaciones con la UE, pero ello depende del contenido concreto de los acuerdos».
Pero es evidente que la vía bilateral ya no goza de una gran prioridad para la UDC. Los partidos de derecha quieren aprovechar la oportunidad y determinar el rumbo de la política europea a su gusto. Y para ello están dispuestos a aceptar como un mal menor que las relaciones con la UE se deterioren más aún. Durante el debate del pasado marzo en el Consejo Nacional, el Presidente del grupo parlamentario de la UDC, Amstutz, no dejó dudas al respecto: «Si puedo elegir entre seguir aceptando una inmigración desmesurada, que destroza a este país, y los acuerdos bilaterales, elijo la protección del país y punto».
Según el análisis de Vox, el sondeo científico posterior a los comicios, la mayoría de los partidarios de la iniciativa de la UDC eran totalmente conscientes de que la aprobación de esta iniciativa popular podría poner en peligro los acuerdos bilaterales. Así pues, para los partidarios era más importante la regulación independiente de la inmigración que la relación con la UE. Esto indica que la vía bilateral, hasta ahora apoyada en todos los comicios, incluso entre el pueblo, ya no es indiscutible.
La «Acción para una Suiza Independiente y Neutra» (ASIN) echa leña al fuego. Quiere rescindir los acuerdos bilaterales y regular las relaciones con la UE únicamente con acuerdos de libre comercio: «Ambos paquetes, los ‹bilaterales 1› y los ‹bilaterales 2› deben sustituirse por un acuerdo de libre comercio al que se introducirían mejoras. No queremos más acuerdos bilaterales que no beneficien a nuestro país. Y tenemos que rescindir los expedientes perjudiciales de los bilaterales 1 y 2 – hablando claro, especialmente la libre circulación de personas y los acuerdos de Schengen y Dublín – , por ser ‹aceleradores de la adhesión a la UE› – o incluso ‹aceleradores del fuego›— que perjudican no sólo a la democracia directa, sino incluso a nuestra economía nacional». Esto es lo que el Presidente de la ASIN y consejero nacional de la UDC, Pirmin Schwander, escribe en la página web de su organización. El gerente de la ASIN, Werner Gartenmann (UDC) confirmó que están elaborando una iniciativa popular para un mero acuerdo de libre comercio, y que sólo falta la redacción exacta del texto. Para Gartenmann está claro que el 9 de febrero se lanzó un debate de fondo sobre la UE. También los partidos al otro extremo del espectro político, los socialdemócratas (PS) y los Verdes, lo ven así. Ambos partidos se declaran aún más partidarios que antes de una mayor aproximación a la UE, o han dejado de excluir una adhesión de Suiza a la UE.
Ya en 2010, el PS escribió en su programa de partido que deseaba «la rápida iniciación de negociaciones para la adhesión a la UE», pero nunca pasó realmente a la ofensiva para alcanzar esta meta, en gran parte en consideración del escepticismo popular al respecto. El Presidente del Grupo Parlamentario del PS, Andy Tschümperlin, formula así el criterio de la cúpula del partido: la meta principal debe ser aplicar la iniciativa contra la inmigración masiva de tal manera que los presentes acuerdos bilaterales y su posterior desarrollo no se cuestionen. Si esto no surte efecto, «el pueblo deberá decidir sobre el futuro de las relaciones con Europa». El PS reivindica «que se consideren todas las opciones de política europea». Y Tschümperlin quiere que el Consejo Federal indique, en un análisis comparativo, las posibles repercusiones de una adhesión a la UE y de la continuación de la vía bilateral con o sin una nueva solución institucional.
Así pues, las fuerzas centrífugas han cobrado mayor intensidad dentro de los partidos gubernamentales: la UDC mantiene una distancia claramente mayor que hasta ahora frente a la UE, el PS ya no excluye la adhesión a la UE – y la mayoría de los otros partidos intentan mantener en alto la desaliñada bandera de la bilateralidad. Para el Gobierno, ésta es una situación extremadamente desapacible. El nuevo texto constitucional obliga al Consejo Federal y al Parlamento a introducir en el plazo de tres años un nuevo sistema de permisos para todos los extranjeros, que limitará la inmigración fijando cifras máximas y cupos.
La pregunta a plantearse es cómo, llegado el caso, compatibilizar esto con los acuerdos firmados con la UE sobre la libre circulación de personas. De aquí a finales de junio , el Consejo Federal quiere presentar un concepto de aplicación; de aquí a finales de año, las propuestas deben plasmarse en artículos legales, que pasarán a ser un proyecto de ley. Lo difícil será introducir cupos sin vulnerar el principio de la libre circulación de personas. Actualmente hay conversaciones con la UE paralelas al proceso de política interna.
Pero no sólo la aplicación de la iniciativa pone en apuros a los actores políticos. La UDC ha amenazado con una iniciativa de aplicación, si la aprobada no se aplica a su gusto. Y los votantes tendrán que pronunciarse pronto sobre otra iniciativa, la denominada Ecopop, que se titula «Alto a la superpoblación – sí a la preservación duradera de los recursos naturales», prevista para noviembre de 2014.
La iniciativa consiste en «evitar que, como media en tres años, la población permanente crezca más del 0,2% al año a raíz de la inmigración», lo que correspondería actualmente a una inmigración neta de 16.000 personas, en lugar de las cerca de 80.000 actuales. La iniciativa estipula categóricamente en las disposiciones transitorias que los acuerdos de derecho internacional que contradigan estas metas deberán ser adaptados o rescindidos. Así pues, Ecopop es claramente más radical que la iniciativa de la UDC ya aprobada. Incluye cifras concretas en la Constitución y deja aún menos margen para negociaciones con la UE. Con ella la libre circulación de personas no tendría ni la más mínima oportunidad.
Ecopop, acrónimo proveniente de ECOlogie y POPulation (ecología y población en francés), es una iridiscente asociación y se dirige a un público muy variopinto, tanto a críticos del crecimiento como a círculos xenófobos. Ellos se consideran una organización medioambiental políticamente independiente que se ocupa de asuntos demográficos. En su página web puede leerse: «Nuestra meta es conservar los recursos naturales de la vida y la calidad de vida en Suiza y en el mundo entero para las próximas generaciones. Ecopop lucha desde hace más de 40 años contra la sobrecarga de la naturaleza por el creciente aumento de población». Es imposible clasificarla políticamente, porque aunque nacieron en la época de las iniciativas contra la superpoblación de James Schwarzenbach, Ecopop rechazó las iniciativas de su Acción Nacional (AN) en los años 70 y 80. En sus comienzos, el Presidente de AN, Valentin Oehen, era tan activo en Ecopop como la consejera del Gran Consejo bernés, del PS, y feminista, Anne-Marie Rey.
Actualmente la organización es claramente consciente de que la orientación de su programa también atrae a círculos no deseables. Probablemente por eso su página web reza: «Ecopop se distancia de toda posición xenófoba o misántropa y quiere contribuir a que todas las personas, independientemente de su nacionalidad, puedan llevar una vida digna».
Pero en la práctica esta clara separación de la extrema derecha no resulta convincente. En la publicación «Schweizerzeit» del ex consejero nacional de la UDC Ulrich Schlüer, de extrema derecha, Ecopop consiguió publicar en la sección de redacción una llamada de apoyo a su iniciativa. Y durante la recogida de firmas, los iniciadores contaron asimismo con el respaldo de la ASIN, claramente de derecha, que repartió pliegos de firmas entre sus afiliados. Ecopop recibió además ayuda oficial para recoger firmas por parte de los Demócratas Suizos (DS), un partido de extrema derecha y organización sucesora de AN. Este partido lanzó ya en 2011 una iniciativa propia contra la superpoblación. Y como la recogida de firmas no tuvo mucho éxito, la central del DS decidió, en verano de 2012, renunciar a su iniciativa y apoyar activamente la de Ecopop, «más prometedora».
La vinculación entre asuntos medioambientales y la inmigración no es nueva. Ya en los años 30 del pasado siglo existía una ideología reaccionaria-ecologista. Balthasar Glättli, consejero nacional de Zúrich por los Verdes, se está documentando para escribir un libro titulado provisionalmente «Ecologistas siniestros», y al hacerlo se ha encontrado con «raíces siniestras», esto es, con vinculaciones entre defensores de la naturaleza, políticos demográficos y partidarios de la eugenesia, una ciencia que parte del principio que los seres humanos con genes deseables o valorados positivamente deben reproducirse, mientras que se debe evitar la reproducción de los portadores de genes negativos.
En este contexto, la Iniciativa Ecopop, sobre todo la cláusula sobre el control de natalidad en el Tercer Mundo, es especialmente delicada. En una segunda parte, por así decirlo de política de desarrollo, la iniciativa reivindica que Suiza destine un 10% de los fondos dedicados a la ayuda al desarrollo «a medidas para el fomento de la planificación familiar voluntaria». El consejero de los Estados por el PDC, Urs Schwaller, denomina a este fenómeno «visión colonialista de la planificación familiar en países en vías de desarrollo». También las organizaciones de política de ayuda al desarrollo la critican duramente. Opinan que Ecopop ignora las causas estructurales del crecimiento de población, ya que hoy en día es un hecho sobradamente conocido que los elevados índices de natalidad se corresponden en primer lugar con el índice de pobreza. La familia numerosa se considera como una garantía para asegurarse la existencia. Por eso, para reducir el tamaño de las familias y frenar el crecimiento demográfico, lo crucial es en primer lugar potenciar la educación de las niñas y las mujeres. En una entrevista con el periódico «Neue Zürcher Zeitung», Shalini Randeria, catedrática de Antropología y Sociología del Desarrollo en Ginebra señala claramente qué actitudes conducen a reivindicaciones como las de Ecopop: «Siempre sobran los otros: los pobres, los extranjeros. (…) No se trata nunca sólo de cifras, sino siempre de la cuestión de quién puede reproducirse y quién no». La cuestión demográfica es indisociable de la del consumo de recursos, dice esta catedrática, ya que «los habitantes de la ciudad de Nueva York consumen en un día más energía que todo el continente africano».
La inmigración y la protección de la naturaleza eran también dos temas favoritos de la Iniciativa Schwarzenbach de 1979. Ya entonces se denunciaba públicamente el “hormigonado salvaje” en Suiza. La UDC, que hizo de la inmigración su tema favorito, utilizaba sobre todo el argumento del abuso social y la delincuencia, pero cuando finalizaba la campaña electoral descubrió la ecología y empezó a mostrar carteles con paisajes destrozados por las edificaciones salvajes.
Sobre todo los Verdes se enfrentan a un gran desafío, dado que su directiva se muestra contraria a la Iniciativa Ecopop y quiere asumir un papel de protagonista en la campaña electoral. Según Regula Rytz, co-Presidenta de los Verdes, la solución es reducir la huella ecológica, no el número de personas. Pero aún no está claro qué piensa la mayoría de los Verdes. También hay representantes de los Verdes que colaboran activamente en Ecopop: Andreas Thommen, ex Presidente del partido en Argovia, forma parte tanto de la directiva como del Comité de la Iniciativa.
La actitud de los partidos políticos es clara: sólo la de la UDC resulta difusa, el resto la rechaza. En el Consejo de los Estados, que el pasado marzo la rechazó, la UDC se abstuvo. Y el Secretario General de la UDC, Martin Baltisser, opina que, efectivamente, contiene aspectos problemáticos, ya que «procede del sector de los verdes e izquierdistas». Pero asegura que no puede prever cómo se comportarán los que conforman la base a la hora de formular sus consignas. Lo que está claro es que el partido se enfrenta a un dilema: para los de la fracción económica, la iniciativa es demasiado radical, pero podría granjearse las simpatías de la base del partido, como toda reivindicación que aspira a limitar la inmigración.
En ningún Estado tienen los ciudadanos tanto derecho a participar en las decisiones gubernamentales como en Suiza. La democracia directa es un modelo de éxito. No obstante, los cambios observados en lo que respecta a la función y el significado de las iniciativas populares muestra que el sistema político suizo funciona peor que antes.
Las iniciativas populares son un «mercado en auge» en la política, y actualmente el negocio funciona particularmente bien. Las cifras hablan por sí solas: desde la introducción de las iniciativas populares en 1891 se han lanzado 423. Actualmente se están recogiendo firmas para 9 iniciativas populares, 20 han sido presentadas al Consejo Federal y al Parlamento o están a punto de votarse en las urnas. Desde 1891 se lanzaron iniciativas populares sobre 189 proyectos de ley, pero sólo 21 fueron aprobadas por el pueblo. Y ahora siguen las cifras más interesantes: en los primeros 100 años entre 1891 y 1990 sólo se aprobaron 9 iniciativas, desde 1990 ya se han aprobado 13.
Así pues, desde hace 25 años, las iniciativas populares tienen claramente más posibilidades de ser aprobadas que antes, si bien no hay ninguna explicación evidente e indiscutible para ello. Silja Häusermann, catedrática de Ciencias Políticas en la Universidad de Zúrich, señala que las iniciativas populares fueron principalmente un instrumento de la izquierda hasta principios de los 90, para reafirmarse como minoría frente al bloque conservador más o menos cerrado de aquella época. Generalmente no lograban la mayoría, pero gracias a este instrumento se podían introducir nuevas ideas en la política. En muchos casos, incluso iniciativas sin éxito generaron debates, a veces fueron incluso el detonante de procesos de reforma que, tras varios intentos, llegaron a la meta.
Hoy las iniciativas ya no sólo son utilizadas por la izquierda y los verdes, sino asimismo por los partidos e instituciones conservadores y de derecha – sobre todo por la UDC y sus organizaciones afines. A menudo, las iniciativas sirven también claramente como instrumento de marketing para campañas electorales, como vehículo para cultivar la indignación pública o imponer intereses particulares.
No siempre es fácil aplicar una iniciativa popular, sobre todo cuando no son compatibles con otros principios constitucionales o con el Derecho internacional, lo que indigna a los iniciadores. Con las llamadas iniciativas de aplicación, ejerce presión sobre todo la UDC, que también en el caso de la «Iniciativa contra la inmigración masiva» amenaza con servirse de este instrumento. La insistencia en la aplicación al pie de la letra torpedea la probada eficacia de la cultura política de compensación y compromiso, de la que Suiza se enorgullece tanto.
Silja Häusermann percibe «una cierta paradoja» en este sistema: «El uso cada vez más frecuente de instrumentos de democracia directa indica que el sistema político de Suiza funciona peor». Y es que nuestra democracia se basa en el consenso. Los derechos del pueblo tenían originalmente un «efecto preventivo»: los actores políticos deberían hacer compromisos firmes, para no tener que recurrir a referendos ni iniciativas. Ahora se «pone la zancadilla» en la aplicación de este frágil instrumento, dice Häusermann, que ve en ello una «consecuencia de la polarización y de la competencia mucho más enconada entre partidos».
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