La controvertida alternativa a la proliferación de contraseñas

Hacer realidad este proyecto requiere de la colaboración entre el sector público y el privado. La idea es que la Confederación verifique y registre la existencia de la persona y sus datos de identidad. Luego serían las empresas privadas y las administraciones cantonales y municipales las que emitirían la e-ID. Estos proveedores de identidad (IdP, por sus siglas en inglés) se encargarían de las tarjetas, las memorias USB o las aplicaciones e-ID. Un grupo de expertos independientes, la Comisión Federal para la e-ID (Eidcom), autorizaría y supervisaría a los proveedores de identidad (IdP).

¿Será el mercado capaz de brindar las mejores soluciones?

Con esta distribución de tareas, el Consejo Federal y una mayoría del Parlamento aspiran a garantizar unos servicios operativos y de fácil uso para el consumidor. Argumentan que los proveedores privados están más cerca de los clientes y pueden reaccionar con mayor flexibilidad a la evolución tecnológica. “La experiencia de otros países ha demostrado que las soluciones estrictamente gubernamentales no son las óptimas y tienen poco éxito, debido a que el sector privado no las utiliza”, comenta Karin Keller-Sutter.

Sin embargo, este tipo de cooperación no deja de suscitar controversia. Tal es el motivo por el que la asociación Digitale Gesellschaft, los organizadores de campañas Campax, la plataforma por la democracia WeCollect y la asociación PublicBeta decidieron convocar un referendo para conseguir que se pronuncie el pueblo. El Estado, objetan, estaría renunciando a una de sus funciones sustantivas para “arrodillarse ante intereses económicos”. Quienes asumirían las funciones de las oficinas de pasaportes serían los grandes bancos, los seguros y las empresas paraestatales. Esta unión de opositores juzga peligroso conceder a actores privados el acceso a datos sensibles, ya que las empresas se mueven ante todo por intereses comerciales y no son dignas de confianza. El Estado quedaría relegado a una mínima función de control. Los oponentes también dudan de la libre voluntad: temen que los servicios en línea ejerzan presión para que se utilice la e-ID. El PSS y los Verdes ya han sustentado esta opinión en el Parlamento, una opinión que también comparten el Partido Pirata, el Sindicato Suizo de Empleados Públicos, varias organizaciones de personas mayores y otras redes más.

El responsable federal de la protección de datos apoya la e-ID

Los partidarios del proyecto rebaten esos temores, afirmando que el Estado no traspasaría el control de los datos y que la LSIE excede las normativas vigentes. Los datos personales no podrían usarse para otros fines ni traspasarse sin previo consentimiento. Asimismo, se prohibiría su venta.

Se perfila un posible monopolio

SwissSign está integrado por Correos de Suiza, Ferrocarriles Federales Suizos, Swisscom, Six, varios grandes bancos y aseguradoras. Este grupo tiene mucho interés en emitir una e-ID, advierte Anita Fetz (PSS/BS). En un debate parlamentario, esta antigua Consejera de los Estados señaló que un monopolio privado no puede ser la forma de competencia del futuro. La Ministra de Justicia, Karin Keller-Sutter, rechazó el argumento por “no concluyente”: “¿Y qué tipo de emisor sería entonces el Estado?” El objetivo es, precisamente, que varios proveedores compitan en el mercado y desarrollen diferentes aplicaciones.

La e-ID supondría una base importante para la transformación digital, subrayan sus partidarios. Suiza no debe perder esta oportunidad de avanzar en materia digital y acortar distancias con el extranjero. En realidad, Suiza está menos avanzada en cuestiones de administración electrónica que otros países equiparables. Los expertos advierten que podría quedar rezagada. Ruedi Noser (PLR/ZH) advirtió en el Consejo de los Estados que ésta es la última oportunidad para Suiza de conservar en el propio país el control sobre los datos de identificación de sus ciudadanos. Si el proyecto se retrasa, los beneficiados serán Apple, Google, Facebook y Amazon.

Eveline Rutz es periodista independiente en Winterthur, especialista en temas políticos, sociales y científicos.

El Parlamento de la “Quinta Suiza”, el Consejo de los Suizos en el Extranjero (CSE), se pronunció el 10 de julio de 2020 a favor de la propuesta de votación. Sin embargo, con 37 votos a favor, 26 en contra y 18 abstenciones, la decisión no fue unánime.
 

El precio de la e-ID

Para que la e-ID se haga realidad, la Confederación debería desembolsar 7,9 millones de francos. Con ese importe se financiarían el desarrollo del sistema y la creación de la Oficina de Identificación y Certificación. Su funcionamiento costaría, según el Departamento Federal de Justicia y Policía, unos 3,5 millones de francos anuales, pero se pagaría con impuestos administrativos, por lo que no supondría ningún gasto para la Confederación.