Un avance a nivel nacional para los “sin papeles”

El 21 de febrero, el Consejero de los Estados ginebrino por el PLR, Pierre Maudet, acompañado de una alta funcionaria de la Secretaría de Estado de Migración (SEM), anunció a los medios un plan sorpresa. ¿Su nombre? Papyrus. Concebido como medida para luchar contra el trabajo ilegal, debería permitir la regularización de miles de sin papeles activos en la economía local. Se calcula que hay unos 18 000 en el cantón y 76 000 en todo el país; Zúrich ostentaría el récord, con unos 28 000.

Puesto a prueba durante dos años en el más absoluto de los secretos, este programa ha sido objeto de negociaciones entre Pierre Maudet y la Consejera Federal Simonetta Sommaruga, responsable de los asuntos relacionados con la migración. Durante esa fase, Papyrus regularizó a 590 personas, que han obtenido un permiso de residencia B concedido por razones humanitarias, renovable anualmente.

Centenares de sin papeles acuden a las llamadas permanencias

Entre los sin papeles residentes en Ginebra –cantón donde al parecer trabajan unos/unas 30 000 empleados/as del hogar– la noticia ha tenido un efecto explosivo. El 26 de febrero, unas 2 000 personas acudieron a una reunión informativa convocadada por las organizaciones de ayuda mutua. Las oficinas regionales de este colectivo han abierto “permanencias” de información, seis por semana, para acompañar a los solicitantes en el proceso de presentación de sus expedientes. Más de 1 600 personas han acudido en dos semanas, según el Colectivo de Apoyo a los Sin Papeles. “Algunos expedientes no cumplen los requisitos, sobre todo porque el periodo de residencia en Suiza es insuficiente, o porque los interesados tienen deudas”, dice Alain Bolle, Director del Centro Social Protestante (CSP). Alrededor de un 30 % de las solicitudes sí que cumplen las exigencias.

Los solicitantes deben demostrar que se mantienen por sí mismos, que no cobran subsidios sociales y que viven en Suiza desde hace diez años, o cinco si tienen hijos. Una persona sola que pague unos 1 500 francos por su seguro de enfermedad y su apartamento debería ganar al menos 2 500 francos al mes, indica el CSP.

Declarar a los trabajadores

Las solicitudes de regularización implicarán que los trabajadores indiquen quiénes son sus empleadores. El Estado y los sindicatos velarán para que estas personas jurídicas o físicas corrijan su situación y no vuelvan a contratar ilegalmente a ningún trabajador. Este punto responde a uno de los objetivos de las autoridades: sanear el mercado laboral en el sector de la economía doméstica, el principal empleador de sin papeles. En caso de despido por solicitud de regularización, los empleadores serán denunciados, aseguran los sindicatos. En la Suiza latina, uno de cada dos sin papeles cotiza para el seguro de vejez y supervivencia (AHV), mientras que en la Suiza alemana la proporción es de uno de cada cinco y prácticamente ninguno en los cantones turísticos, según se desprende de un estudio encargado por la SEM.

“La idea del permiso por razones humanitarias responde a una situación de precariedad insostenible”, asevera Rémy Kammermann, jurista del CSP. Y habla de personas, sobre todo mujeres, que viven sin ninguna protección social y en manos de caseros sin escrúpulos que alquilan colchones a 400 francos mensuales o, aún peor, que abusan sexualmente de personas que temen ser expulsadas. “Estos argumentos responden a una preocupación del Estado: no dejar que se desarrolle una franja al margen de la ley, potencialmente criminógena”.

Antigua Consejera de los Estados, la liberal Martine Brunschwig Graf estaba presente cuando se anunció el programa Papyrus. Fue ella quien, en 2005, lanzó la idea de una regularización basada, como actualmente, en el sistema de casos de rigor, previstos por la Ley de Extranjería. En aquella época, Christophe Blocher estaba al frente del Departamento de Justicia y Policía y no dio curso al proyecto. “Necesitábamos un colaborador que nos representara ante la Confederación. Esta vez fue Simonetta Sommaruga”, resume la Presidenta de la Comisión Federal contra el Racismo. No olvidemos que es la SEM quien decide si se conceden o no los permisos B, no los cantones. “La diferencia es que, con Papyrus, Ginebra dispone de una base más amplia para acordar criterios de aceptación”.

La operación ginebrina no ha pasado desapercibida en Suiza; sin embargo, Martine Brunschwig Graf no saca conclusiones de cara al futuro. “No todos los cantones están dispuestos a adoptar un sistema así. Para ello se necesita la organización adecuada. El acuerdo federal no basta”, resume la antigua Presidenta del Consejo de los Estados. En Ginebra, Alain Bolle está seguro de que “Papyrus tendrá consecuencias”. Por su parte, Rémy Kammermann describe una Suiza alemana reacia a las regularizaciones, que considera “una gratificación contra la ley”, pese a ser legales. “El año pasado, Zúrich regularizó solamente a dos sin papeles y un gran número de cantones alemanes no regularizó a ninguno”, afirma este jurista. El Departamento de Seguridad de Zúrich no ha querido comentar los cálculos según los cuales existirían en ese cantón unos 28 000 sin papeles. Para explicar su política se refiere a la directiva cantonal prevista para los casos de rigor.

Al haber sido aprobado por la SEM, ¿supone Papyrus la creación de un nuevo derecho a nivel nacional? Eso es un misterio, responde el jurista ginebrino, que espera mucho del análisis de los resultados de este experimento piloto en el plazo de dos años. “Si el balance es positivo, será más difícil dar marcha atrás”.

El impacto económico

La cuestión es que, en Suiza, los miles de sin papeles procedentes de África, Latinoamérica o Asia responden a la demanda laboral. “Si quisiéramos librarnos a toda costa de esta gente, bastaría con desplegar un número suficiente de policías por la mañana en la estación y detener a las personas que toman el autobús para ir a trabajar en los municipios de toda la región de Ginebra como empleadas del hogar, niñeras o peones”, explica Alain Bolle. De hecho, la derecha conservadora no se opone a este procedimiento. Y por lo que respecta al Consejero de los Estados por el PLR, Pierre Maudet, “éste se ha hecho un nombre a nivel nacional, incluso con un tema potencialmente peligroso”, concluye una persona que conoce de cerca a este político.

Papyrus ha provocado una sola oposición: la de la UDC ginebrina, para la que este plan “difunde un mensaje desastroso”. Los consejeros nacionales de la UDC Yves Nidegger y Céline Amaudruz han interpuesto dos mociones ante el Consejo Nacional. El objetivo de la primera es especificar, y por tanto reducir, las excepciones para los casos de rigor. La segunda reivindica la interrupción de las actividades de Papyrus hasta que estén bien definidas. La pregunta es si dichas mociones serán susceptibles de poner en tela de juicio el experimento ginebrino. “No hay ninguna posibilidad de que esto suceda, porque eso implicaría enmendar la propia ley”, opina Alain Bolle. Hay que celebrar la capacidad de Papyrus de mantenerse en la “clandestinidad, sin la cual se habría arriesgado a ser torpedeada por la UDC”.

El efecto Papyrus se propaga a Basilea y al Jura

En Basilea, a finales de marzo, la extrema izquierda solicitó al Gobierno que diera una definición más objetiva de los criterios de regularización. “En 2017 conseguimos una flexibilización de los criterios, para que puedan aplicarse también a personas solteras, y no solamente a enfermos o familias”, explica Fabrice Mangold, de la Oficina basiliense para los sin papeles. El colectivo está muy satisfecho con la decisión ginebrina, “que demuestra que la SEM puede tender la mano a los cantones que deseen un proceso transparente”. Ese cantón regulariza entre seis y siete sin papeles cada año y al parecer cuenta con 4 000.

En el cantón de Jura, donde sólo debe de haber “unas docenas de sin papeles o como máximo unos cientos”, según un diputado socialista, la izquierda ha interpuesto una moción ante el Gran Consejo, solicitando al Gobierno que se inspire en Papyrus. En el cantón de Vaud, SolidaritéS ha solicitado al Consejo de los Estados que se dirija a la SEM para discutir el tema de las regularizaciones. Dicha propuesta ha sido rechazada, con 71 votos en contra y 60 a favor.

Imagen  Centenares de personas sin papeles asisten a la sesión informativa sobre la Operación Papyrus, organizada por los sindicatos y las asociaciones del Colectivo Sin Papeles, el pasado febrero.  Foto: Keystone