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Suiza debe darse prisa para esclarecer la naturaleza de sus relaciones con la Unión Europea. Sin embargo, antes de definir su postura frente al acuerdo marco a punto de firmarse, el Consejo Federal desea consultar a los principales actores del país... ¡quienes emiten no pocas reservas!
En diciembre de 2018, al cabo de cinco años, por fin llegó el momento: concluyeron las negociaciones con vistas a un acuerdo marco institucional mediante el cual Suiza y la Unión Europea (UE) pretenden en adelante regular sus relaciones bilaterales. Desde entonces, el borrador del acuerdo está sobre la mesa, a la espera de firmarse. Sin embargo, para asombro de Bruselas, el Parlamento Federal no ha contestado ni “Sí, muy bien” ni “No, gracias”; sólo “ha tomado nota” del tan anhelado resultado de las negociaciones. El motivo: antes de formarse una opinión sobre los pros y contras del acuerdo, el gobierno primero desea conocer la opinión de los principales actores. Desde entonces, los miembros del Consejo Federal están manteniendo “discusiones interactivas” con los cantones, los partidos, los interlocutores sociales, los círculos económicos y científicos.
Hay algo claro: no es poco lo que está en juego. Cada tercer franco que ingresa a Suiza proviene de sus relaciones con la UE. Al amparo de los acuerdos bilaterales se produce un intercambio diario de mercancías que asciende a los mil millones de francos. Para la economía suiza es esencial tener libre acceso al mercado de la UE. El acuerdo marco bilateral pretende mantener los cinco acuerdos bilaterales existentes (libre circulación de personas; transporte terrestre; transporte aéreo; supresión de los obstáculos técnicos al comercio; agricultura) y allanar el camino para nuevos acuerdos (mercado de la energía eléctrica).
La consulta sobre el acuerdo marco revela que para proseguir por la vía bilateral hay que superar al menos tres obstáculos.
En materia de protección salarial, se espera que Suiza adopte las reglas de la UE, con muy pocas excepciones. Esto provocaría un debilitamiento de las medidas adicionales contra el dumping salarial. En la actualidad, las empresas extranjeras que desean ejecutar un encargo en Suiza deben darse de alta con ocho días de antelación. Para la UE, este proteccionismo es como una espina en el costado, por lo que se pretende, a través del acuerdo marco, reducir el plazo a cuatro días hábiles. Sin embargo, tanto los sindicatos suizos como el PSS consideran que esta concesión es inaceptable. Se aferran a la regla de los ocho días como condición inexcusable, porque estiman que es la única manera que permite llevar a cabo los controles y las sanciones en contra del dumping salarial.
Con el acuerdo marco, Suiza se comprometería a una “adopción dinámica de la legislación”. Eso implica que si la UE adopta nuevas normas, Suiza tendrá un plazo de dos años para incorporarlas. Los procesos de democracia directa quedan a salvo. Si se produce un referendo, se concede a Suiza un tercer año para incorporar estas normas a su marco jurídico. Si Suiza no quiere incorporar una nueva norma de la UE, Bruselas podría apelar ante un tribunal arbitral todavía por crear. Se trata de un mecanismo bastante controvertido. En opinión de la UDC, esto pondría en peligro la soberanía de Suiza, que quedaría así a merced de los “jueces extranjeros”. Durante una audiencia pública de la Comisión de Política Exterior del Consejo Nacional, Carl Baudenbacher, ex Presidente del Tribunal de la AELC, describió este tribunal arbitral como una auténtica “hoja de parra”. Podría producirse una dependencia unilateral frente al Tribunal de Justicia Europeo, a cuya interpretación debería atenerse el tribunal arbitral en materia de derecho comunitario. Otros expertos, en cambio, como Astrid Epiney, especialista en derecho europeo, no consideran tan problemática la adopción dinámica de la legislación. Afirman que contribuiría más bien a crear seguridad jurídica. Además, Suiza tendría un derecho de participación y podría, en caso necesario, apelar ante el tribunal arbitral.
El borrador del acuerdo marco no menciona la llamada directiva relativa a los ciudadanos de la Unión. Pero tampoco la deja explícitamente de lado, como quería Suiza durante las negociaciones. Por lo que la cuestión de la adopción de esa directiva podría ser un primer asunto a tratar por el tribunal arbitral. A través de la directiva relativa a los ciudadanos de la Unión, desde 2004 los Estados miembros de la UE se conceden mutuamente derechos civiles. Estos trascienden la libre circulación de personas, que Suiza ha acordado con la UE: se trata del derecho a percibir ayudas sociales, del derecho a residencia permanente o de la protección frente a la expulsión. Tanto el PLR como el PDC estiman que esto constituye un obstáculo y exigen que la directiva relativa a los ciudadanos quede expresamente fuera del ámbito de aplicación del acuerdo marco.
Como puede verse, ninguno de los integrantes del Consejo Federal apoya sin reservas el acuerdo marco. Incluso el aval de economiesuisse, organización central de la economía, debe entenderse más bien como un “Sí, pero”. Las ventajas del acceso al mercado, en particular para la economía suiza, están bastante claras. A pesar de ello, economiesuisse solicita que se “esclarezca” la interpretación del acuerdo marco en otros asuntos tales como la adopción de la directiva relativa a los ciudadanos de la Unión y la cooperación social. En este último aspecto deberá dejarse claro que no se restringirá el sistema de los controles paritarios.
La organización central economiesuisse no exige nuevas negociaciones –una opción que la UE ha excluido, hasta ahora, de manera expresa–. Cabe preguntarse si las puertas en Bruselas realmente permanecerán tan cerradas como aparentan. De acuerdo con ciertos observadores políticos, la estrategia del Consejo Federal podría dar su fruto: ganar tiempo con la consulta política interna y conseguir algunas mejoras. En situaciones difíciles, la UE siempre ha actuado de manera flexible y ha concedido reglamentaciones de excepción a determinados países. Cabe esperar que la UE dispense este trato a un país no miembro y con buenas intenciones.
Artículo actualizado a mediados de febrero a cierre de redacción.
Tras el Brexit, los suizos en Gran Bretaña y los británicos en Suiza conservarán sus actuales derechos. Ambos países firmaron un acuerdo bilateral que, además de los derechos de residencia, también regula los derechos a las prestaciones sociales y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Los derechos otorgados rigen de por vida. No serán de aplicación para aquellos británicos y suizos que emigren cuando ya no esté vigente el acuerdo de libre circulación de personas.
En el caso de un Brexit duro, el acuerdo entre Suiza y Gran Bretaña entrará en vigor provisionalmente el 30 de marzo. En el caso de un Brexit blando se aplicará una fase transitoria hasta –previsiblemente– finales de 2020. Durante esta fase se aplicarán las disposiciones del acuerdo de libre circulación. A finales de 2017 vivían unos 34 500 suizos en el Reino Unido y unos 43 000 británicos en Suiza.
Ambos países también han firmado un acuerdo sobre el tráfico aéreo para garantizar los actuales derechos de circulación sin que ocurran interrupciones. Unos 150 vuelos diarios unen Suiza con Gran Bretaña.
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Also werden die EU-Wahlen zusätzliche Anti-EU-Kräfte nach der Europawahl im Brüsseler Parlament einziehen. Zudem dürfte es einen klaren Brexit geben, was den Untergang dieses grauenhaften Systems besiegeln wird.