Política
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Esta iniciativa, impulsada por las organizaciones de protección de los animales y el medioambiente, reclama que la Constitución proteja la dignidad de los animales de granja y prohíba la cría intensiva. Sus promotores desean poner fin a la cría industrial del ganado bovino, así como de pollos y cerdos. Con este propósito plantean que el Gobierno Federal debe fijar criterios de bienestar animal en cuanto a establos, acceso al aire libre y sacrificio. Los oponentes de la iniciativa la consideran innecesaria, debido a que los agricultores ya velan por el bienestar de sus animales y a que Suiza ya cuenta con una estricta ley de protección animal.
Que la edad de la jubilación para las mujeres se eleve de los actuales 64 a los 65 años: tal es la propuesta del Consejo Federal y del Parlamento para garantizar el futuro financiero del Seguro de Vejez y Supervivencia (SVS). Las mujeres nacidas entre 1960 y 1968, que serían las más afectadas por este cambio, recibirían un complemento de pensión. Para financiar estos pagos compensatorios, el impuesto sobre el valor añadido (actualmente del 7,7 %) se incrementaría en 0,4 puntos porcentuales. Se someterán dos propuestas a votación: la modificación de la ley del SVS con el aumento de la edad de jubilación de las mujeres; y una resolución federal sobre la financiación adicional mediante el aumento del IVA. La izquierda y los sindicatos rechazan de pleno este paquete de reformas “a costa de las mujeres” y advierten contra nuevos recortes de las pensiones.
Mediante una modificación de la Ley de Retención Fiscal, el Consejo Federal y el Parlamento desean fortalecer el mercado de capitales ajenos y, por tanto, la competitividad económica de Suiza. En concreto, se trata de suprimir la retención fiscal sobre los intereses de las obligaciones suizas. Además, estos valores estarían exentos del impuesto sobre el volumen de negocios. El PSS, los Verdes y los sindicatos se oponen al proyecto de ley, que supondría una pérdida fiscal de varios cientos de millones de francos anuales. Opinan que solo los inversores ricos se beneficiarían de la desgravación y que el proyecto de ley daría carta blanca al “delito fiscal”.
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