En Suiza, uno de cada tres empleados resultó afectado por el paro total de la economía. Decenas de miles de negocios tuvieron que cerrar sus puertas. Casi dos millones de personas se vieron obligadas a trabajar a jornada reducida. El Consejo Federal movilizó un paquete de ayudas nunca antes visto.
Para Namgyal Studer, propietaria de una peluquería en Berna, el confinamiento fue un “shock enorme”: de un día para otro tuvo que cerrar su próspero negocio, cancelar citas con clientes y mandar a casa a sus dos empleados. Con la misma suerte corrieron, a mediados de marzo, decenas de miles de propietarios de negocios, artesanos, dueños de restaurantes y otros proveedores de servicios. En toda Suiza, casi 190 000 empresas –entre ellas, la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Namgyal Studer– recurrieron al Seguro de Desempleo (ALV) para conceder a casi dos millones de empleados una licencia de corta duración o una reducción de su jornada laboral.
El ALV financia el 80 % de los salarios afectados por la interrupción de actividades, con el fin de evitar los despidos. Durante la crisis del coronavirus, en Suiza más de un tercio de los empleados (37 %) trabajaron a jornada reducida; y en el cantón del Tesino, especialmente afectado por la pandemia, fueron más de la mitad (54 %). Para financiar este plan de rescate, la Confederación pagará más de 14 000 millones de francos al ALV. Sin esta intervención del gobierno, los empleados activos habrían tenido que aceptar mayores sacrificios salariales para evitar el colapso financiero de esta institución social.
“¡La ayuda está en camino!”, prometió el Ministro de Economía, Guy Parmelin (UDC), al inicio de la crisis. Además de la jornada reducida también se concedieron créditos a las empresas, que de esta manera pudieron solicitar a su banco, sin mayores trámites, un apoyo financiero avalado por la Confederación por hasta 40 000 millones de francos. La peluquera Namgyal Studer también solicitó un pequeño crédito puente, que le permitió pagar sus facturas, a pesar de la pérdida total de ingresos, así como los sueldos de sus dos empleados, antes de que le llegara el dinero del ALV. Studer recibió para sí misma una indemnización global durante el confinamiento, que el Consejo Federal fijó en 3 320 francos mensuales para aquellos empleadores que trabajan en su propia empresa. A Studer le preocupaba tener que pagar el alquiler completo de su salón, que permaneció cerrado durante seis semanas: “Espero que el propietario se muestre comprensivo”. En junio, el Parlamento estableció que los arrendadores deberán desistir de una buena parte de los alquileres pagaderos durante el confinamiento.
La situación es precaria para los trabajadores independientes, que no tienen derecho a la jornada reducida. Si bien es cierto que pudieron solicitar una indemnización si no obtuvieron ningún (o casi ningún) ingreso durante el confinamiento, para muchos esta indemnización apenas les alcanzó para vivir. Tuvieron que utilizar sus ahorros para no recurrir a la asistencia social.
En el caso de las empresas, la jornada reducida evitó despidos en masa, por lo menos en los primeros meses. Hasta fines de mayo, el número de desempleados aumentó a más de 155 000, es decir, casi 50 000 más que el año anterior. A principios de junio, los expertos se mostraban moderadamente optimistas y albergaban la esperanza de que no se hiciera realidad el escenario catastrófico de unos 200 000 desempleados: esa cifra sería el doble de la de 2019, cuando la tasa de desempleo rondaba el 2,1 %.
Despertó gran disgusto en la población y en el Parlamento el hecho de que algunas empresas repartieran dividendos a sus accionistas por el ejercicio 2019, a pesar de que ya recibían dinero del Seguro de Desempleo por la jornada reducida. Una iniciativa del Parlamento para prohibir los dividendos en caso de jornada reducida obtuvo inicialmente la mayoría en el Consejo Nacional. Pero posteriormente, el Consejo de los Estados la bloqueó por considerarla un atentado inadmisible a la libertad económica.
Ni lejanamente sueña Namgyal Studer con dividendos. Tras seis semanas de confinamiento pudo abrir de nuevo su peluquería a fines de abril, con las debidas medidas de protección. Las primeras dos semanas, su agenda estuvo llena; sin embargo, por su ubicación en la calle Länggasse, en el barrio universitario de Berna, gran parte de su clientela es una clientela de paso. Todavía tardará hasta que los estudiantes y empleados de la universidad vuelvan a frecuentar su salón como antes. Sin embargo, dice resignada: “Hay que tomar las cosas como vienen”.
Las consecuencias de la pandemia golpearán duramente a la economía suiza. El Centro de Investigación de la Coyuntura (KOF) de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH) prevé para el año en curso una reducción del producto interno bruto del 5,5 por ciento. A diferencia de recesiones anteriores que afectaron principalmente a las exportaciones, esta vez también se verá afectado el sector de los servicios como, por ejemplo, la rama hotelera y el turismo. Los investigadores esperan una lenta recuperación a partir de este verano.
Debido a la evolución negativa de la economía, la Confederación, los cantones y los municipios contarán con ingresos fiscales sensiblemente menores: según el KOF, este déficit podría ascender a unos 25 000 millones de francos. La superación de la crisis del coronavirus costará mucho dinero al erario público. En algunos cantones, como el de Berna, se teme que sean necesarios nuevos paquetes de austeridad en vista del déficit que amenaza las finanzas estatales.
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