La reforma compleja
“Reforma del impuesto sobre sociedades”: una formulación que suena totalmente neutral y objetiva, pero que en realidad oculta una auténtica bomba política y trae a la memoria muy desagradables recuerdos. La votación en torno a la 2.a reforma del impuesto sobre sociedades en 2008 se considera “uno de los peores baches de la democracia suiza”, como la calificó el periódico “Der Bund”. Antes de la votación, el Consejo Federal había anunciado públicamente una pérdida fiscal de unos 80 millones de francos anuales: fue un error rotundo, la cifra era muy superior. Tras examinar el caso, el Tribunal Federal lo calificó de “grave violación de la libertad de voto”, de “información falsa por ocultación de datos”; algunos jueces hablaron incluso de un “engaño sistemático” a los electores.
Ahora se somete al veredicto del pueblo la 3.a reforma del impuesto sobre sociedades (USR 3), una de las más complejas reformas fiscales de la historia suiza. Aunque se refiere a otros aspectos, en vista de la experiencia del año 2008 la campaña electoral pinta mucho más difícil que hace nueve años, debido a la magnitud de las posibles pérdidas fiscales. El partido socialdemócrata, otros partidos de izquierdas y los sindicatos han lanzado un referéndum contra el proyecto.
Al principio todos los partidos políticos coincidían más o menos en la necesidad de eliminar los privilegios considerados a nivel internacional como dumping. Para decirlo de manera más sencilla, hasta ahora las empresas pagaban menos impuestos por las gananciass generadas en el extranjero que por las generadas en Suiza. El objetivo de la reforma es eliminar esta diferencia impositiva aplicada por los cantones. Pero el hecho de eliminar este régimen fiscal cantonal sin sustituirlo por otro, ocasionaría una pérdida de competitividad de Suiza, que debe compensarse mediante otras medidas aceptadas por la comunidad internacional. Así, los ingresos procedentes de licencias serán objeto de trato preferencial, lo mismo que los gastos por concepto de investigación y desarrollo, gracias a una mayor deducción. Además, los cantones podrán reducir el impuesto sobre ganancias.
No obstante, el Parlamento ha ampliado –o “sobrecargado”, según el PS– el proyecto del Consejo Federal, agregándole varios puntos suplementarios. De acuerdo con Susanne Leutenegger Oberholzer, Consejera Nacional del PS y experta en economía, el impuesto sobre ganancias ajustado al interés constituye “un descaro sin igual” que permite deducir intereses ficticios del capital propio excedente. La Consejera agrega que la USR 3 provocará una “disminución de la recaudación fiscal debido a un efecto de dispersión” y de manera alguna acabará con las empresas que gozan de un estatus fiscal preferencial.
François Nordmann, Presidente del grupo parlamentario PS, se opuso vehementemente a este proyecto en el Consejo Nacional, afirmando que arruinaría el servicio público, encarecería las prestaciones públicas y conllevaría un aumento de los impuestos para las personas físicas. Asimismo, para el Consejero Nacional de los Verdes Louis Schelbert, se trata de un “proyecto de redistribución que costará miles de millones a la población”. Sin embargo, los portavoces de los grupos parlamentarios conservadores esgrimen otros argumentos. De acuerdo con Martin Bäumle, Presidente de los Verdes Liberales, si bien la 3.a reforma del impuesto sobre sociedades puede conducir a pérdidas fiscales, de no aprobarse la reforma estas pérdidas serán diez veces más elevadas. Para la UDC, el PDC y el PLR se trata de un compromiso en el que están en juego miles de empresas y decenas de miles de puestos de trabajo, según declaró Markus Ritter, portavoz del PDC: “Quien quiera acabar con el proyecto mediante un referéndum está jugando con fuego –un fuego que puede fácilmente salirse de control–”.
Sigue existiendo amplia incertidumbre en torno a las consecuencias financieras del proyecto. Para el Presidente del grupo parlamentario PS, François Nordmann, si se aprueba la USR 3 dejarán de recaudarse al menos tres mil millones de francos por concepto de compensaciones. Tan sólo la Tesorería Federal perdería 1 300 millones. Según cálculos del PS, las demás pérdidas fiscales irían en detrimento de los cantones y municipios y son difíciles de estimar, dado que aún no se sabe cuánto bajarán las tasas fiscales sobre ganancias a nivel cantonal.
Los políticos conservadores y los círculos económicos hacen otro tipo de cálculo. En caso de rechazarse el proyecto, advierten del peligro de deslocalización para algunas empresas. Porque incluso si se rechaza el proyecto, los actuales privilegios deberán suprimirse para hacer frente a las críticas internacionales. Las pérdidas fiscales podrían ser más elevadas si las empresas cambiaran su sede a otro país. La Organización Económica Economiesuisse constata lo siguiente: “Tan sólo las empresas concernidas directamente por la reforma aportan actualmente a la Confederación, a los cantones y municipios más de cinco mil millones anuales de francos. Con el proyecto de reforma este sustrato fiscal quedaría asegurado a largo plazo. El referéndum que propone la izquierda, falto de perspectiva, no sólo pone en peligro las ventajas de Suiza como sede de empresas, sino también numerosos puestos de trabajo. En Suiza, las empresas que gozan de una tasa de imposición preferencial dan empleo a unas 150 000 personas.”
Después del fondo para ferrocarriles, el fondo para carreteras
El 9 de febrero de 2014 el pueblo aprobó en las urnas, con un 62 % de votos a favor, el Proyecto de Financiación y Ampliación de la Infraestructura Ferroviaria (FABI). Esto permite uniformar el financiamiento destinado al funcionamiento, mantenimiento y ampliación de la red a través de un nuevo fondo para infraestructura ferroviaria. El 12 de febrero es el turno de la red de carreteras: en este caso también se aspira a disponer de un fondo destinado al tráfico automotor. El Fondo para el Tráfico en Carreteras Nacionales y Aglomeraciones (NAF) deberá asegurar en forma permanente el financiamiento de carreteras nacionales y los subsidios federales para proyectos de transporte en las aglomeraciones.
Las carreteras suizas están a menudo colapsadas, los programas radiofónicos dedican cada vez más espacio a las noticias de embotellamientos. Entre el 85 y el 90 % de los atascos se producen en las autopistas urbanas. El tráfico automotor individual se ha más que quintuplicado en Suiza desde 1960, la infraestructura empieza a llegar a sus límites y los gastos de explotación y mantenimiento se encuentran en constante aumento. Como en el caso del Fondo para Infraestructura Ferroviaria, en adelante todos los ingresos, tanto actuales como nuevos, se destinarán directamente al NAF. A diferencia del actual fondo para la infraestructura, el NAF será permanente y estará ratificado por la Constitución, motivo por el cual deberá someterse a votación popular.
Los recursos actuales sólo alcanzan para sufragar el mantenimiento cada vez más costoso de la red de carreteras, pero no permiten concluirla ni acabar con los cuellos de botella. Además, se prevé un déficit presupuestario de más de mil millones de francos anuales. El nuevo fondo permitirá financiar la explotación, el mantenimiento y la finalización de la Red de Carreteras Nacionales, así como proyectos de tráfico en las aglomeraciones. Además, el impuesto adicional sobre los aceites minerales subirá de 30 a 34 céntimos. El NAF permitirá planificar mejor las inversiones que requiere el país y asegurará su financiamiento.
Simplificando el procedimiento de naturalización
Debe simplificarse el procedimiento de naturalización para los extranjeros jóvenes de tercera generación: este proyecto presentado por la Consejera Nacional de Vaud, Ada Marra (PS) en forma de iniciativa parlamentaria, ha sido admitido por el Parlamento. Sin embargo, el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados han decidido imponer requisitos más estrictos. De ahora en adelante tampoco existirá la naturalización automática. Asimismo, la tercera generación de extranjeros sólo podrá obtener la ciudadanía previa solicitud, siempre y cuando los solicitantes sean menores de 25 años (35 años durante un periodo de transición), pues el Parlamento teme que los extranjeros puedan soslayar la obligación de cumplir el servicio militar si la ciudadanía se otorga a una edad más avanzada.
Además, al menos un abuelo o una abuela debe haber nacido en Suiza o tener un permiso de residencia. Y el padre o la madre debe haber nacido en Suiza, donde debe haber vivido diez años y haber asistido a la escuela durante cinco años. Por su parte, los solicitantes deben haber nacido en Suiza y haber cursado en Suiza al menos cinco años de escolaridad obligatoria. Les toca ahora al pueblo y a los cantones tomar una decisión definitiva al respecto, ya que además de la Ley de Ciudadanía también debe enmendarse la Constitución Federal.
JÜRG MÜLLER ES REDACTOR DE ”PANORAMA SUIZO“
Imagen “Quien quiera acabar con la reforma del impuesto sobre sociedades mediante un referéndum está jugando con fuego”, advierte Markus Ritter, del PDC. Foto Keystone
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