“Chanchullo” fue la palabra más empleada durante la sesión de otoño de 2018. Por su parte, el Ministro de Finanzas, Ueli Maurer, de la Unión Democrática del Centro (UDC), calificó el mismo proceso de “pequeña obra de arte del compromiso político”. Esta diferencia de percepción tiene una explicación: en realidad, lo que ha provocado el rechazo de unos y la aprobación de otros es un acuerdo parlamentario algo insólito, que fusiona en un solo proyecto de ley dos ámbitos políticos diferentes: una reforma del impuesto sobre sociedades, de gran relevancia para la economía suiza, y una inyección financiera a favor del seguro de vejez y supervivientes. En la sesión de otoño, el Parlamento aprobó la ley federal sobre la reforma fiscal y la financiación del seguro de vejez y supervivientes.
Para comprender la especial mecánica de este paquete legislativo, hay que hacer un poco de retrospectiva. En 2017 fracasaron dos grandes proyectos de reforma en sendos referendos: el 12 de febrero fue rechazada la tercera reforma del impuesto sobre sociedades y el 24 de septiembre, el “Sistema de pensiones 2020”. Lo cierto es que existe una imperiosa necesidad de reforma en ambas áreas. Ante todo, urge resolver la cuestión fiscal, porque si no hay reforma, Suiza podría ir a parar a una lista negra de la Unión Europea (UE); los Estados miembros de la UE podrían tomar desagradables represalias contra Suiza. Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también está presionando a Suiza en este sentido.
Un viejo problema
Los problemas no han surgido de la nada. Desde 2005 la UE denunciaba ciertas prácticas fiscales de los cantones, ya que las empresas pagan menos impuestos por las ganancias generadas en el extranjero que por las generadas en Suiza, lo cual, según los críticos, conduce a una perjudicial competencia fiscal. Suiza se comprometió a acabar con el estatus fiscal especial de las sociedades de cartera y otros grupos internacionales, ya que este sistema hacía de Suiza un país muy atractivo para las empresas de gran movilidad, las cuales gozaban de un régimen impositivo privilegiado con respecto a las sociedades nacionales. Con la reforma fiscal se pretendía equiparar a todas las empresas a nivel tributario. Para ofrecer una compensación a estas empresas antes privilegiadas, se planeaba concederles nuevas deducciones fiscales. Sin embargo, en opinión del Partido Socialista Suizo (PSS), el Parlamento incluyó innecesariamente otras desgravaciones fiscales en el proyecto de ley inicial del Consejo Federal, por lo que el PSS promovió el referendo, en el que este partido salió victorioso en febrero de 2017.
Una complicada mecánica fiscal
Ahora había que buscar rápidamente una nueva solución. Por un lado, porque las empresas que operan a nivel internacional son muy importantes para Suiza, especialmente en materia fiscal, ya que representan casi el 50 % de los ingresos fiscales federales de las personas morales; y por otro lado, porque el tiempo apremiaba cada vez más. El objetivo de la reforma es evitar el aumento drástico de la carga fiscal para estas sociedades de régimen especial, ya que, de otro modo, se teme que huyan del país. Por tanto, los cantones reducen de forma general sus impuestos a las utilidades. En el futuro, las sociedades privilegiadas pagarán algo más, mientras que aquellas que actualmente no gozan de ventajas fiscales, sobre todo las pymes nacionales, pagarán menos. Esto conlleva cuantiosas pérdidas fiscales: en cierto modo, es el precio de la igualdad de trato a todas las empresas. Para seguir atrayendo a las sociedades que hasta ahora gozaban de ventajas fiscales, se introducen nuevos privilegios fiscales aceptados a nivel internacional. Las medidas clave son el incentivo Patent Box (reducción de impuestos sobre las ganancias procedentes de patentes), deducciones especiales para la investigación y el desarrollo y una deducción para la autofinanciación. En cambio, aumentará de nuevo la presión fiscal sobre los dividendos en el caso de los grandes accionistas. Además, la Confederación otorga a los cantones otros mil millones procedentes del impuesto federal directo, por lo que los cantones tienen más libertad para reducir sus impuestos. La reforma actual es, a grandes rasgos, similar a la que se rechazó el año pasado, aunque se ha adaptado la mecánica para reducir un poco las pérdidas fiscales.
Compensación social mediante el seguro de vejez y supervivientes
Ahora entra en escena el seguro de vejez y supervivientes. Las pensiones también están incluidas, al igual que los impuestos, en las grandes maniobras de la política helvética. Ni siquiera la gran reforma de las pensiones de 2017 pudo granjearse el favor del pueblo. Ahora a los políticos, sobre todo los del Partido Socialista Suizo (PSS), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido Liberal Radical (PLR), se les ha ocurrido incluir en el proyecto de la reforma fiscal nuevos recursos financieros para el seguro de vejez y supervivientes, con vistas a establecer una compensación social. Las pérdidas resultantes de la reforma fiscal, estimadas en dos mil millones de francos suizos aproximadamente, deberán compensarse a través de contribuciones de la misma cuantía a favor del seguro de vejez y supervivientes. Este se financiará mediante un aumento de las contribuciones de los trabajadores y empresarios a dicho seguro, y mediante la inyección de más fondos federales en la caja del seguro. Si bien no se trata de una reforma de las pensiones, al menos hemos ganado así algo de tiempo para llevar a cabo una reforma sustancial, afirman los promotores de este cambio.
Intensos debates
Este paquete, algo inusual, ha generado intensos debates en el Parlamento y en la opinión pública. Realmente, nadie está completamente satisfecho. No es un buen proyecto, declaró Martin Schmid, miembro del PLR en el Consejo de los Estados por el cantón de los Grisones; no obstante, en vista del fracaso de la tercera reforma del impuesto sobre sociedades, es la mejor solución. Peter Hegglin, miembro del PDC en el Consejo de los Estados por el cantón de Zug, está de acuerdo, “porque un problema serio requiere una solución viable”. Por su parte, Roberto Zanetti, miembro del PSS y representante del cantón de Soleura en el Consejo de los Estados, calificó de “momento estelar del parlamentarismo” el trabajo de la comisión que había elaborado el proyecto de ley. Menos eufórico se mostró el Consejero de los Estados por el cantón de Schwyz, Peter Föhn, de la UDC, quien advirtió del peligro de combinar dos proyectos malogrados. Casar a dos enfermos no produce buenos frutos, sentenció Föhn.
De hecho, la UDC también rechazó el proyecto de ley en el Parlamento; pero la alianza entre el PSS, el PLR y el PDC terminó imponiéndose en ambas cámaras. Para decirlo claramente: el acuerdo suscita escepticismo en casi todos los campos. Diversos grupos han anunciado el referendo inmediatamente tras la sesión de otoño: los partidos jóvenes de la UDC y los Verdes Liberales, incluso el partido de Los Verdes, junto con otras organizaciones del ámbito verde-rojo. La izquierda critica este proyecto por tratarse básicamente de una copia de la tercera reforma de los impuestos sobre sociedades y por avivar la competencia fiscal internacional. El paquete completo ha sido configurado y negociado en el Parlamento por los dirigentes de la Confederación de Sindicatos Suizos (SGB) y del PSS –en primera línea, los Consejeros de los Estados Paul Rechsteiner (líder de la SGB) y Christian Levrat (Presidente del PSS)–. La postura de los sindicatos y el PSS deja patente la profunda división de la izquierda: la SGB ha aprobado la libertad de voto y la base del PSS ha apoyado a su Presidente, Levrat, en una Asamblea de Delegados; pero el intenso debate y el resultado de la votación (148 a favor y 68 en contra) reflejan la profunda brecha que existe dentro del partido.
“Está en juego la prosperidad de Suiza”
Heinz Karrer, Presidente de la federación de empresas suizas Economiesuisse, por una vez combate en el mismo bando que Levrat. Si fracasa el proyecto de ley, estará en juego “un importante pilar de la prosperidad de Suiza”, escribe Karrer en el diario Neue Zürcher Zeitung. Suiza debe hacer todo lo posible para evitar la “catástrofe que significaría figurar en una lista negra”. Si el paquete de compromisos fracasa en las urnas, habrá que renunciar a las normas fiscales actuales rápidamente y sin un colchón de medidas para amortiguar el impacto: los impuestos sufrirán un incremento drástico para las empresas afectadas, lo que a su vez podría provocar que las grandes empresas huyan de Suiza.
Si el referendo se lleva a cabo, el acuerdo sobre los impuestos y el seguro de vejez y supervivientes deberá ser aprobado por el pueblo el 19 de mayo de 2019. El resultado aún es incierto. Los partidarios del proyecto de ley se enfrentan a una oposición heterogénea: la oposición de la izquierda a la reducción de impuestos, la de la derecha a la financiación del seguro de vejez y supervivientes, y la de los estetas de la ley, que critican la unión de la reforma fiscal con la financiación del seguro de vejez y supervivientes.
Imagen: Tras haber luchado por el acuerdo que fusiona la reforma fiscal con el seguro de vejez y supervivientes, los Consejeros de los Estados Christian Levrat y Paul Rechsteiner, del PSS, deben enfrentarse ahora al escepticismo de la base. Fotografía: Keystone
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