En Suiza, hace tiempo que las parejas homosexuales ya no necesitan esconderse, pues el amor homosexual es aceptado por gran parte de la sociedad. No obstante, los homosexuales siguen siendo víctimas de hostilidad o, incluso, de violencia. Un caso muy sonado fue el de una pareja de homosexuales que, una noche, fue agredida e insultada como “maricas” y “malparidos” por un grupo de jóvenes, en pleno centro de Zúrich. La organización Pink Cross señala que recibe hasta cuatro notificaciones cada semana de acoso homofóbico. En Suiza no existe una estadística que recoja los delitos motivados por la orientación sexual de las víctimas. Además, muchas agresiones no son denunciadas a la policía por los afectados.
Hoy, el atentado contra el honor de un grupo de personas no es motivo para presentar una demanda
En la actualidad sólo es posible perseguir en forma limitada a quienes siembran el odio contra los homosexuales. Si bien cualquier persona agredida personalmente puede presentar una denuncia por calumnia e injuria, el artículo sobre difamación del Código Penal no se aplica cuando esto afecta a grupos completos, por ejemplo, a los hombres y mujeres homosexuales en general. Así, un político local de Appenzell, del partido ultraderechista PNOS (Partido Nacionalista Suizo), tachó impunemente en Facebook a los homosexuales de “desertores demográficos”, los acusó de ser “precursores de la pedofilia” y apoyó la “solución rusa” (los homosexuales sufren represalias en Rusia). Una denuncia colectiva de Pink Cross por difamación no prosperó, porque la fiscalía cerró el caso por falta de sustento legal.
El Consejero Nacional valesano Mathias Reynard (PSS) pretende cerrar este vacío en el Código Penal incluyendo la orientación sexual en la disposición penal contra el racismo. “La homofobia no es la expresión de una opinión y debe considerarse un delito, al igual que el racismo o el antisemitismo”, recalca Reynard. La disposición penal contra el racismo, que protege a las personas de toda discriminación por su pertenencia racial, étnica o religiosa, está vigente desde 1995. Reynard presentó en 2013 una iniciativa parlamentaria, mediante la cual exigía que la protección contra la discriminación incluyera la “orientación sexual”. Esta solicitud no sólo tuvo una acogida favorable entre sus colegas, sino que el Consejo Nacional propuso incluir el criterio de “identidad sexual” en la definición. Con ello pretendía proteger a los hombres y mujeres homosexuales, al igual que a los bisexuales y transexuales (LGBT), contra los delitos de odio. Sin embargo, el Consejo de los Estados consideró que esto llegaba demasiado lejos, pues la “identidad sexual” carece de una definición legal precisa, lo que podría ocasionar problemas de interpretación. Finalmente, ambos consejos coincidieron en extender la disposición penal contra el racismo a la “orientación sexual”.
Oposición cristiano-conservadora a la “ley de censura”
En el Parlamento, los juristas liberales adoptaron una postura escéptica frente a estas prohibiciones adicionales contra la discriminación. Por ello, el Consejero de los Estados de Appenzell por el PLR, Andrea Caroni, manifestó que el Código Penal es “un arma demasiado pesada” para combatir esos casos; se refirió a la libertad de expresión y desaconsejó castigar también en el futuro la discriminación por el idioma, la nacionalidad o el sexo: “Esto no tendría fin”. También el diario “Neue Zürcher Zeitung” se mostró escéptico frente a las nuevas prohibiciones y exhortó a que los homófobos sean reprehendidos con coraje civil y palabras claras.
Las principales resistencias a la inclusión de hombres y mujeres homosexuales en la disposición penal contra el racismo proceden del partido cristiano-conservador UDF (Unión Democrática Federal), del ala juvenil de la UDC y del grupo de trabajo Jugend und Familie [Juventud y Familia]. Bajo el lema “No a la ley de censura”, un comité colectivo recopiló 67 500 firmas válidas para un referendo. Por lo tanto, esta propuesta se someterá a la decisión de los electores el próximo 9 de febrero.
Los opositores critican aquello que consideran una restricción desproporcionada de la libertad de conciencia. Hans Moser, Presidente de la UDF, teme que los pastores puedan ser perseguidos “por citar verdades bíblicas”, ya que para muchas iglesias el amor homosexual no es compatible con los principios de vida que enuncia la Biblia. Debe seguir siendo “legítimo” expresar en público un punto de vista crítico acerca de la homosexualidad, escribe el comité, para el cual las opiniones no deben criminalizarse, pues existe el peligro de una “justicia ideológica”. Por su parte, el ala juvenil de la UDC teme que “se limite aún más la libertad de expresión”. Este partido se opone a la disposición penal contra el racismo y ha pedido varias veces su retiro.
Para los jueces prevalece la libertad de expresión
Ya hace 25 años, cuando se introdujo la disposición penal contra el racismo, los opositores convirtieron la libertad de expresión en el centro de su campaña contra la “ley bozal”. Sin embargo, en el referendo del otoño de 1994, casi el 55 % de los votantes aceptaron la propuesta. Con ello se despejó el camino para que Suiza fuera el 130.o país en unirse a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Desde entonces, surge una y otra vez la pregunta de si “hay cosas que ya no se pueden decir”. ¿Está la libertad de expresión realmente en peligro en Suiza? Por petición de la Comisión Federal contra el Racismo, la jurista Vera Leimgruber analizó las sentencias emitidas hasta ahora con base en la disposición penal contra el racismo. Leimgruber llegó a la conclusión de que, hasta el presente, los artículos de la ley se han aplicado con gran moderación y que, en casos dudosos, los jueces hicieron prevalecer el argumento de la libertad de expresión. Sin embargo, aquellas declaraciones que atentan contra la dignidad humana no son casos dudosos. La dignidad humana se considera la base de los derechos fundamentales inviolables.
En consonancia con este principio, el Tribunal Federal sentenció en 2017 a dos funcionarios de la UDC por publicar un anuncio con el titular “Kosovares acuchillan a un suizo”. Con ello el partido se refería, en el marco de su campaña a favor de la Iniciativa contra la inmigración masiva, al caso de un delincuente de origen kosovar que había agredido con un cuchillo a un suizo en Interlaken. Los jueces del Tribunal Federal estimaron que el “juicio de carácter general” publicado en el anuncio, además de crear un clima de odio, era despectivo para los kosovares como etnia y los presentaba como inferiores.
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