Política
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El pasado 4 de marzo, la gran mayoría de los votantes rechazaron el ataque masivo lanzado contra la radio y la televisión suizas (SSR). Sin embargo, la SSR se ve presionada para reducir sus costes de operación.
En los últimos años, los comicios han suscitado no pocas emociones entre los suizos y las suizas. Sin embargo, el país apenas ha presenciado una lucha electoral tan larga, encarnizada y memorable como la que se dio en torno a la iniciativa “No Billag”, donde lo que estaba en juego era nada menos que la existencia misma de la Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión (SSR) y de 34 emisoras privadas de ámbito regional y local. Los promotores de la iniciativa, un grupo de jóvenes libertarios radicales, exigían la eliminación de la contribución obligatoria para la radio y la televisión, lo que habría supuesto el fin de la radiodifusión pública. La contienda electoral, marcada por una fuerte carga emocional, dio lugar a toda clase de exageraciones: mientras que los adversarios del referendo pronosticaban en tono apocalíptico el fin de la Suiza cuatrilingüe y la muerte de la democracia, sus defensores injuriaban las emisoras de la SSR, acusándolas de ser instrumentos de propaganda estatal.
A finales de otoño de 2017, cuando empezó la contienda electoral, la cosa no pintaba mal para los promotores. De acuerdo con las primeras encuestas, la SSR, una de las instituciones públicas con mayor tradición e historia de Suiza, podía hacerse añicos. Y ello a pesar de que el Consejo Federal, el Parlamento y todos los partidos, con excepción de la UDC, rechazaban la propuesta. Sin embargo, los distintos grupos sociales no tardaron en darse cuenta de lo que podían perder: se formaron asociaciones, organizaciones, comités en todas las regiones del país y procedentes de los entornos más diversos; ciudadanos, amantes de la música folclórica, escritores, deportistas, artistas, músicos, famosos y personas influyentes de todos los ámbitos lucharon con gran ahínco por la radio y la televisión suizas.
Al final no sólo dio un vuelco la tendencia, sino que la iniciativa fue rechazada con un inesperado 71,6 % de los votos, y por parte de todos los medios sociales. Los vencedores calificaron el resultado como gran reconocimiento de la radiodifusión pública, de su papel unificador en la Suiza cuatrilingüe y un voto en contra de todo intento por dividir el país. Por su parte, los derrotados promotores de la iniciativa se jactaron de haber puesto sobre la mesa un debate pendiente desde hacía mucho tiempo en torno a la política mediática.
De hecho, la iniciativa generó una enorme presión sobre la SSR, cuyo Director General, Gilles Marchand, reaccionó esa misma tarde de domingo de la votación: anunció un paquete de ahorro de 100 millones y la renuncia a toda publicidad que interrumpa las películas. Asimismo, la SSR ya no publicará más textos en línea sin relación con los programas emitidos, es decir, renuncia a su oferta de publicaciones similares a las que proponen los periódicos. Con ello, cede a las exigencias de los editores privados.
Haciendo alarde de una audacia poco común, los perdedores exigieron poco después de la votación que la SSR redujera drásticamente sus costes de operación, a pesar del contundente respaldo de la población a esta institución. La UDC llegó incluso a exigir que las empresas quedaran exentas del impuesto y que a partir de 2019 éste se redujera para los hogares de 365 a 300 francos anuales (en 2018 asciende todavía a 451 francos). En caso de que esta demanda no prospere en el Parlamento por falta de mayoría, la UDC se guarda un as en la manga con una iniciativa popular encaminada a reducir este impuesto a la mitad. Cabe señalar que prácticamente todos los demás partidos, incluso los Verdes, también han planteado la necesidad para la SSR de adoptar medidas de ahorro y de reducción de plantilla. Sólo el Partido Socialista consideró que no había motivo para tomarla con la SSR. “A través de estas votaciones, el mensaje del pueblo es claro: ¡Basta con tanto teatro!”, declaró el jefe de fracción del Partido Socialista, Roger Nordmann.
Una vez más, la Confederación tiene aseguradas sus finanzas. Con un 84,1 % de votos a favor, se aprobó el 4 de marzo el decreto federal relativo al nuevo régimen financiero para 2021. En sentido estricto, esta propuesta no presentaba nada nuevo. Se trataba sencillamente de dar continuidad a la política anterior. Con el aval del pueblo, el régimen financiero actual, que vencerá en 2020, se prolongará ahora hasta 2035. El impuesto federal directo y el impuesto sobre el valor añadido conforman juntos cerca de dos tercios de los ingresos totales de la Confederación. Ambos impuestos constituyen, por tanto, las principales fuentes de ingresos del país. Engrosan las arcas federales otros recursos financieros, tales como el impuesto sobre el petróleo, los derechos de timbre, el impuesto sobre tabacos y el impuesto sobre las ganancias de capital y loterías.
Es una característica del federalismo helvético que el régimen fiscal federal tenga una validez limitada en el tiempo. El Consejo Federal pretendía, en un principio, modificar el régimen financiero federal, de modo que le permitiese recaudar ambos impuestos por tiempo indefinido. Durante las consultas se manifestó cierta resistencia, por lo que a la postre se prorrogará tan sólo otros 15 años. El principal argumento a favor de este sistema es que la limitación temporal y el voto popular confieren mayor legitimidad democrática a la recaudación fiscal.
Imagen Gilles Marchand, Director General de la SSR, declarando ante la prensa en Berna tras el rechazo de la iniciativa “No Billag”, el pasado 4 de marzo. Fotografía Keystone
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