Un escándalo de firmas falsificadas sacude a Suiza
31.01.2025 – Eveline Rutz
Se sospecha que se han falsificado miles de firmas para convocar votaciones. La Fiscalía Federal ha abierto una investigación contra las empresas involucradas en el asunto. Este escándalo sacude la confianza del pueblo en la democracia directa e impulsa la recogida electrónica de firmas.
No se trata de unas cuantas firmas aisladas, sino de listas enteras de firmas que habrían sido falsificadas, así como de iniciativas populares que nunca debieron haberse celebrado, debido a que su aprobación era, al parecer, fruto de prácticas ilegales. En septiembre de 2024, el periódico Tages-Anzeiger dio la voz de alarma: se sospechaba de una falsificación de firmas “a gran escala”. En la picota estaban las empresas encargadas de recoger firmas mediante prácticas comerciales. Suele recurrirse a estos profesionales principalmente cuando los planes de una petición popular parecen destinados al fracaso, es decir, cuando los comités tienen problemas para recoger en un plazo limitado las 50 000 ó 100 000 firmas necesarias.
A principios de 2023, por ejemplo, los promotores de un servicio ciudadano, es decir, un servicio comunitario obligatorio para todos, recurrieron a la ayuda de profesionales: contrataron a Incop, un proveedor de Lausana, para que recogiera 10 000 firmas en el plazo de un mes, a cambio de 4,50 francos por firma. Sin embargo, el comité quedó decepcionado, ya que gran parte de las firmas no fueron válidas: hubo que eliminar entre el 35 y el 90 % de las firmas por municipio, cuando el porcentaje de firmas inválidas ronda normalmente el diez por ciento.
Noémie Roten es una de las personas que destapó el caso. En 2023, su comité presentó una denuncia penal por sospecha de fraude. Foto Keystone
Una manipulación sistemática y a gran escala
“Al principio pensamos que el fraude provenía de un solo recolector de firmas”, declaró al diario Tages-Anzeiger Noémie Roten, copresidenta de la iniciativa. Sin embargo, con el tiempo ciertas pistas empezaron a apuntar a un fraude sistemático. Aunque los nombres y las direcciones eran correctos en la mayoría de los casos, porque figuraban en los buzones, las fechas de nacimiento de los supuestos firmantes no coincidían. Algunas personas aparecían hasta cinco veces con caligrafías diferentes. En consecuencia, en junio de 2023, el comité presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal. Ahora sabemos que no se trataba de un caso aislado: “También se han inventado, falsificado o copiado firmas a gran escala para otras muchas iniciativas y referendos”.
Al parecer, conseguir firmas se ha convertido en un negocio lucrativo en los últimos años. Antes de la pandemia, los precios oscilaban entre 1,50 y 2,50 francos; ahora se pagan hasta 7,50 francos por firma. Sin embargo, solo una pequeña parte de esta cantidad se paga a las personas que se dedican a recogerlas.
Los primeros indicios de fraude llegaron a conocimiento de las autoridades en 2019. El fenómeno se produjo primero en la Suiza francófona, donde tienen su sede diversos proveedores. Por ello, el cantón de Vaud estableció una red de colaboración con otros cantones francófonos y se puso en contacto con la Cancillería Federal (CF). Neuchâtel decidió prohibir la recogida comercial en 2021. Tras la pandemia, la CF recibió notificaciones de irregularidades con cada vez mayor frecuencia, a menudo también desde la Suiza de habla alemana.
Daniel Graf, de la Fundación para la Democracia Directa, habla de un “terremoto en la política democrática”. Foto Keystone
Las autoridades, acusadas de negligencia
El fraude de firmas afecta a los instrumentos clave de la participación política; de ahí que el caso haya provocado reacciones virulentas: se habla de “un terremoto en la política democrática” y de una “pérdida masiva de confianza”. “Es aterradora la magnitud del fraude”, afirma Daniel Graf, de la Fundación para la Democracia Directa. Desde hace varios años existen indicios de manipulación por parte de las empresas comerciales. “Pero pensaba que se trataba de casos aislados, que se perseguirían si fuera necesario”. Sin embargo, las autoridades cantonales y la CF no han sabido combatir los abusos con prontitud y eficacia, denuncia Daniel Graf.
No se falsificaron resultados
Los empresarios incriminados están acusados de fraude electoral, un delito que se considera grave y puede castigarse con multa o pena de prisión de hasta tres años. Hay que subrayar que en los casos investigados no se falsificaron los resultados. Si bien es posible que se hayan sometido a votación iniciativas populares que se convocaron de forma ilegítima, también es cierto que siempre fue el electorado quien tuvo la última palabra. “No se aprobó ninguna propuesta contraria a la voluntad del pueblo”, afirma el politólogo Michael Hermann. No se ha manipulado ninguna papeleta electoral o de votación, ni se han falsificado resultados: “Un fraude de este tipo habría sido mucho más grave.”
El sistema actual favorece los comportamientos fraudulentos, afirma Rahel Estermann, Secretaria General del Partido Ecologista Suizo. “Si te pagan por el número de firmas, aumenta el incentivo para falsificar”, señala. Copiar los nombres de los buzones permite ganar mucho dinero en pocos minutos. “Este problema podría resolverse con un salario por hora, por ejemplo”, añade. Quienes sufren ahora las consecuencias de estas malas conductas son los recolectores voluntarios, porque se enfrentan a una creciente desconfianza en la calle, recalca Estermann. “Si antes podían recoger entre 20 y 30 firmas por hora, ahora deben conformarse con unas 10 ó 15.” Daniel Graf comparte esta observación: “Muchos transeúntes tienen dudas: ¿han dado su firma a un ciudadano comprometido o a un recolector a sueldo? ¿Y qué pasará con sus datos?”. A falta de medios legales para combatir eficazmente los abusos, aboga por prohibir el comercio de firmas. “No debemos olvidar lo que fortalece nuestra democracia directa: el compromiso voluntario”.
Autorregulación en lugar de legislación
Hasta ahora, los políticos no se han mostrado dispuestos a prohibir las prácticas comerciales para la recogida de firmas. La que quiere pasar a la acción es la Cancillería Federal: pretende reforzar el seguimiento y el control, apuesta por la autorregulación y ha iniciado un diálogo permanente con todas las partes involucradas. El objetivo es elaborar un código de conducta para la primavera de 2025. El Parlamento, por su parte, debatirá la introducción de directrices más estrictas para los proveedores de servicios comerciales, su prohibición y un deber de transparencia.
Además, parlamentarios de todas las corrientes políticas proponen la puesta en marcha de un plan piloto de recogida electrónica. Para ello sugieren que se utilice la infraestructura acreditada de la identidad electrónica DNIe, que estará disponible a modo de prueba a partir de 2025. Sus defensores sostienen que la recolección digital permitiría aumentar sustancialmente la seguridad a la hora de presentar las firmas. “Se podría controlar mejor la información”, afirma Amelle Ako, del movimiento ciudadano Campax. Las listas ya no tendrían que enviarse por correo y someterse después a un tedioso control. Todo el proceso se simplificaría, según afirma la responsable de campañas de Campax. Tras haber examinado las posibles ventajas y riesgos de la recolección electrónica, el Consejo Federal desea permitir ensayos prácticos limitados y ha encargado un anteproyecto a tal efecto.
El escándalo del fraude juega a favor de quienes promueven una solución puramente digital. “La recolección electrónica tiene el potencial de restablecer la confianza en el ejercicio de los derechos políticos”, afirma Amelle Ako.
Dos vías para promover una votación popular
En Suiza existen dos vías para convocar una votación a escala nacional: la iniciativa popular y el referendo. La iniciativa popular permite incluir una nueva idea en la Constitución. Para ello, deben recogerse 100 000 firmas válidas de ciudadanos con derecho a voto, en un plazo de 18 meses. Si esto se consigue, se celebrará una votación popular. Por su parte, el referendo permite corregir o revocar una decisión tomada por el Parlamento. Supone recoger 50 000 firmas en un plazo de cien días: una vez cumplido este requisito, se celebrará una votación popular. (ERU)
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