Percibir indebidamente prestaciones sociales a expensas de la comunidad no se considera un delito menor. Cuando este tipo de situación sale a la luz pública, es comprensible que suscite gran indignación. Tal es el caso, por ejemplo, de una mujer que, según un certificado médico, apenas podía caminar, aunque luego se marchó caminando sobre unos altos tacones, según relató la Consejera Nacional del PDC (Partido Demócrata Cristiano), Ruth Humbel, en el debate parlamentario. El suceso fue grabado por cámaras de videovigilancia.
Pero, ¿hasta dónde puede llegar esta vigilancia? A esta pregunta tuvo que contestar el Parlamento durante el debate sobre el nuevo fundamento jurídico de tal medida. Esto debido a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Federal suizo habían denunciado la insuficiente base legal para efectuar vigilancias. Como quiera que sea, este tipo de fraude a los seguros no es muy común: según la Oficina Federal de la Seguridad Social, en 2017 se detectaron 630 casos de fraude al seguro de invalidez. Esto representa un 0,3 por ciento sobre un total de 220 000 beneficiarios y beneficiarias. Dos tercios de los casos no han salido a la luz gracias a la vigilancia, sino, entre otras cosas, a reiteradas evaluaciones médicas. Pese a todo, el Parlamento ha promulgado una ley bastante estricta.
Según plantea la nueva ley, las compañías de seguros —es decir, el seguro de invalidez, el seguro de vejez y supervivencia, el seguro de enfermedad, el seguro de accidentes, el seguro de desempleo, el seguro de prestaciones diarias, las prestaciones complementarias— podrán “vigilar a un asegurado de manera encubierta, realizar grabaciones de audio y vídeo, así como utilizar medios tecnológicos de localización”. Tales intervenciones podrán ser llevadas a cabo por un miembro de la dirección de la aseguradora, la cual también podrá contratar a “especialistas externos”, es decir, a detectives privados. “Los instrumentos técnicos de localización”, es decir, los rastreadores GPS o los drones, deberán ser autorizados por un tribunal.
El Consejo Federal instó a la moderación
En vísperas del debate parlamentario, algunos profesores de Derecho advirtieron en contra de una ley excesivamente ambiciosa. El Consejo Federal tampoco quería autorizar la localización por GPS. El Ministro del Interior, Alain Berset, aludió a la protección de la intimidad y al principio de proporcionalidad. Pero la línea dura prevaleció en el Parlamento. Alex Kuprecht, del Consejo de los Estados de la UDC (Unión Democrática del Centro), dijo confiar más en el sentido práctico que en los profesores de Derecho. Según Pirmin Bischof, miembro del Consejo de los Estados del PDC (Partido Demócrata Cristiano), los localizadores GPS son necesarios para poder ubicar a las personas, ya que a fin de cuentas son precisamente los defraudadores quienes suelen ausentarse de su domicilio.
Los críticos del proyecto también se comprometieron a combatir el fraude, aunque respetando los principios del Estado de derecho. La Consejera Nacional del PSS (Partido Socialista Suizo), Silvia Schenker, argumentó que no todo el mundo debería ser considerado sospechoso por unos pocos cientos de delincuentes. Por su parte, Hans Stöckli, del Consejo de los Estados por el PSS, recordó que el Parlamento había rechazado recientemente endurecer la ley para los delincuentes fiscales.
El seguro hace de policía
Pese a todas las críticas del Parlamento, la izquierda no quería promover un referendo. El PSS temía que se produjera un debate sobre los “parásitos sociales” y sólo se decidió cuando un diminuto grupo en torno a la escritora Sibylle Berg y el especialista en campañas Dimitri Rougy (véase “Selección”, página 31) lanzó una exitosa campaña de recogida de votos en internet. “Nunca antes”, afirmaron los opositores a la Ley de Vigilancia, “una ley había invadido tanto la privacidad de todos nosotros. Esta ley incluso permite filmar en el dormitorio cuando éste puede verse desde el exterior”. A los líderes del referendo les molesta especialmente el hecho de que las propias aseguradoras puedan decidir si vigilan a sus clientes y cotizantes, y por qué medios. En su opinión, la lucha contra la delincuencia, las investigaciones y, en particular, las operaciones de vigilancia son responsabilidad exclusiva de la policía y no de las aseguradoras. Un detective social que trabaja para una aseguradora se encuentra bajo cierta presión para proporcionar a las aseguradoras las imágenes que éstas esperan. Y como todo el mundo lo sabe, “las aseguradoras quieren pagar lo menos posible”, argumentan los opositores a esta ley.
Imagen: La escritora Sibylle Berg (a la derecha), la Consejera Nacional Silvia Schenker y Dimitri Rougy en la entrega de las firmas. Fotografía: Keystone
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