Política
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Al no obtener el respaldo de la mayoría de los cantones, la iniciativa “Multinacionales responsables” fracasó. Pero aumentan las presiones para que las multinacionales respeten los criterios éticos en el extranjero.
A pesar de su fracaso en las urnas, los promotores de la iniciativa “Por empresas responsables –para proteger al ser humano y al medio ambiente” consiguieron un éxito relativo: el 29 de noviembre, un 50,7% de los electores votó a favor. Sin embargo, la iniciativa no alcanzó la mayoría de votos a nivel de los cantones, necesaria para cualquier enmienda constitucional: solo 9 de 26 cantones votaron a favor. En la democracia directa, es muy raro que una iniciativa obtenga la mayoría popular y sea rechazada por los cantones. Esto demuestra la amplia popularidad de que goza la propuesta, apoyada por una alianza de más de 120 organizaciones benéficas, religiosas, medioambientales y de defensa de los derechos humanos (véase Panorama 5/2020).
De ahí el tono conciliador adoptado, después de la votación, por la Consejera Federal y Ministra de Justicia Karin Keller-Sutter (PLR), quien, al igual que las asociaciones económicas, se había opuesto a la iniciativa durante la acalorada campaña electoral. No cabe duda de que, también en el extranjero, las empresas suizas deben respetar tanto a las personas como al medioambiente, afirmó Keller-Sutter.
Tenemos el mismo objetivo, pero elegimos caminos diferentes.
Consejera Federal
Tras el rechazo de la iniciativa “Multinacionales responsables” entra automáticamente en vigor una contrapropuesta indirecta aprobada por el Parlamento el verano pasado. Si bien ésta no prevé ninguna disposición legal en materia de responsabilidad, las grandes empresas tendrán la obligación de presentar un informe anual que dé cuenta de las medidas que han adoptado para respetar los derechos humanos, proteger el medioambiente y combatir la corrupción. Se plantea un deber de diligencia específico para el trabajo infantil y los minerales procedentes de zonas en guerra. En caso de no presentar informes o falsificar datos, las multas pueden alcanzar los 100 000 francos. “Los promotores de la iniciativa no se van con las manos vacías”, subrayó la Consejera Federal.
Los promotores, decepcionados, juzgan estas medidas insuficientes. “El compromiso voluntario, sin un control ni una responsabilidad eficaces, no basta para obligar a los grandes grupos a respetar las normas ambientales internacionales y los derechos humanos”, lamenta Monika Roth, Profesora de Derecho y Copresidenta del comité de iniciativa, quien afirma que la coalición seguirá luchando para lograr una mayor responsabilidad de las empresas. En adelante, la economía suiza debe contar con que sus prácticas comerciales en tierras lejanas también serán observadas con ojo crítico por una vigilante sociedad civil.
El pueblo y los cantones rechazaron la iniciativa “Por una prohibición de la financiación a los productores de material bélico”, con casi el 57 por ciento de los votos. Sus promotores esperaban prohibir las inversiones suizas en la industria armamentista a nivel mundial. En opinión del Consejo Federal y del Parlamento, son suficientes las prohibiciones vigentes en cuanto a la financiación de armas nucleares y químicas y de bombas de racimo. Sigue pendiente una iniciativa suprapartidista contra la exportación de armas a zonas en conflicto o a países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos.
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