Las multinacionales ante sus responsabilidades

Mediante la iniciativa “Por empresas responsables – para proteger al ser humano y al medio ambiente” (conocida, de forma más sucinta, como la iniciativa “Multinacionales responsables”), una alianza de 120 organizaciones de beneficencia, instituciones religiosas, sindicatos y organizaciones medioambientales y de derechos humanos, pretende exigir mayor responsabilidad a los grupos multinacionales con sede en Suiza. Esto afectaría a casi 1500 empresas.

Los grandes grupos no sólo deberían someterse a un proceso de diligencia debida, sino responder además por los daños que ellos, o las empresas que controlan, hayan causado por vulnerar los derechos humanos o las normativas medioambientales. Concretamente, los perjudicados podrían reclamar daños y perjuicios ante un tribunal civil suizo. Y para no tener que responder por los cargos que se le imputen, la empresa debería demostrar que ha hecho todo lo posible para cumplir con su obligación de diligencia debida.

“Una simple coartada sin efecto”

Dick Marty, Copresidente de la iniciativa “Multinacionales responsables”, califica esta contrapropuesta de “simple coartada sin efecto”. El ex fiscal del Tesino y Consejero de los Estados por el PLR recalca: “Todos sabemos que son los grandes grupos empresariales sin escrúpulos los que más publicitan su imagen en folletos de papel cuché”. Sólo cuando las violaciones de los derechos humanos sean sancionadas “las grandes empresas se comportarán como es debido”, advierte Dick Marty, quien adquirió renombre internacional como ponente especial del Consejo Europeo en materia de derechos humanos.

En el ámbito económico y en los partidos conservadores, los opositores a la iniciativa consideran que ésta va demasiado lejos. Por ejemplo, la Consejera de los Estados de Lucerna por el PDC, Andrea Gmür, critica la “inversión de la carga probatoria”. La obligación para las empresas de demostrar su inocencia en caso de demanda va en contra de los principios del Estado de derecho y fomentaría las “demandas extorsionistas desde el extranjero”. “Las grandes empresas no deben ser objeto de suspicacia generalizada”, afirma la política, que es miembro de la junta directiva de la Cámara de Industria y Comercio de Suiza central.

Un otoño de intensa actividad

Es probable que la campaña se intensifique a principios de octubre, tras el gran domingo de votaciones del 27 de septiembre (véase Panorama 4/2020). Los promotores de la iniciativa cuentan con el apoyo del PSS, de los Verdes y de un comité ciudadano integrado por miembros de todos los partidos. Además, la creación de comités locales en pueblos y barrios debería favorecer la participación de voluntarios de la sociedad civil.

En el bando contrario, la poderosa asociación Economiesuisse coordina la campaña por el “No”. Se esforzará por corregir la imagen de las grandes compañías acusadas de carecer de escrúpulos y por resaltar el papel que desempeñan las empresas suizas al contribuir a la creación de empleos en los países en vías de desarrollo.

Sitio web de la iniciativa: https://konzern-initiative.ch

Sitio web de la alianza por el No: https://leere-versprechen-nein.ch/

La diligencia debida en otros países

En la Unión Europea (UE), las empresas deben rendir cuentas, desde 2018, sobre la manera en que velan por el medioambiente y el respeto de los derechos humanos. No obstante, existe la posibilidad de que la Comisión de la UE endurezca la directiva correspondiente. También aumentan las voces que exigen una ley sobre la cadena de suministro, lo que obligaría a las grandes compañías a evitar los riesgos en este campo. En Alemania, tras el poco éxito que tuvo un plan de acción voluntario, el gobierno anunció a fines de 2019 una posible “ley sobre la cadena de creación de valor”. En Francia rige desde 2017 una ley de diligencia debida, que también establece el derecho a exigir responsabilidad. Otros países europeos planifican leyes con exigencias similares a las de la directiva de la UE. En 2019, el Tribunal Supremo del Reino Unido consideró admisibles demandas en contra de empresas que habían violado los derechos humanos a través de sus filiales en el extranjero.