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El referendo del 25 de septiembre gira en torno a tres temas de seguridad: seguridad nacional, seguridad social y salvaguarda de los recursos naturales.
Aunque se trata de tres áreas distintas, las tres plantean cuestiones básicas de seguridad: ¿Hasta qué punto puede o debe intervenir el Estado para detectar y atajar a tiempo las amenazas a la seguridad del país? ¿Con qué medios se asegura una buena jubilación? Y ¿cómo queremos que funcione la economía de mañana para conservar los recursos naturales, protegiéndolos y disminuyendo el impacto medioambiental? Éstas son las preguntas que plantean la nueva Ley del Servicio de Inteligencia, la iniciativa popular “AHV plus” y la iniciativa popular “Economía verde”, sobre las que votaremos este próximo 25 de septiembre.
El Servicio de Inteligencia de la Confederación podría estar habilitado para intervenir los ordenadores y los teléfonos, introducir micrófonos en espacios privados: es lo que prevé la nueva Ley del Servicio de Inteligencia, que regula las actividades, pero también los límites de esta dependencia. Están previstas nuevas medidas, tales como la supervisión del correo y de las telecomunicaciones, para recopilar información en materia de terrorismo, actividades de inteligencia ilegales o ataques a las infraestructuras críticas. El Servicio de Inteligencia está sujeto a un control cuádruple por parte de los órganos parlamentarios, de la Administración y del Consejo Federal. “La nueva ley protege los derechos fundamentales y la libertad individual de los ciudadanos suizos, y la esfera privada se mantendrá en lo posible intacta”, declara el gobierno central. Además, esta ley conducirá a “reforzar la seguridad interior y exterior, en conformidad con la situación de amenaza que vivimos”.
La mayoría del Parlamento comparte esta opinión. En las deliberaciones, no obstante, varios políticos de izquierda se mostraron muy críticos ante este proyecto. De acuerdo con el Consejero de los Estados por el PS, Paul Rechsteiner, de San Gall, Suiza se enfrenta a una decisión de principio: ¿Se pretende realmente dotar al Servicio de Inteligencia de todas las herramientas posibles de vigilancia? Una “Alianza contra el Estado al estilo Gran Hermano“, compuesta esencialmente por pequeños partidos de izquierda y nuevos partidos, ha lanzado incluso un referendo contra la Ley del Servicio de Inteligencia. Los detractores hablan del final de la esfera privada: “Contrariamente a lo que suele afirmarse, todos serán vigilados, no sólo los criminales. Las escuchas telefónicas, la intervención de correos electrónicos, mensajes en facebook, whatsapp y SMS, así como el control de Internet mediante la búsqueda de palabras clave, son medios de vigilancia de masas, independientemente de si hay sospechas o no”, afirman los detractores. La persecución de terroristas y de actos de delincuencia organizada incumbe a la Fiscalía del Estado y a la Policía cantonal, y con esto ya es suficiente, añaden los detractores.
Los socialdemócratas apoyan oficialmente el referendo y se oponen por lo tanto a esta ley. Asimismo, cabe mencionar que existe cierta oposición en los medios conservadores y los círculos económicos. Pero es sobre todo en el sector de la informática y las telecomunicaciones donde esta ley ha suscitado las críticas más severas.
La iniciativa popular “AHV plus” de la Confederación Suiza de Sindicatos solicita un aumento del 10 % a las pensiones del Seguro de Vejez y Supervivencia, de modo que cada persona sola perciba 200 francos más al mes, y cada matrimonio 350 francos. Sus iniciadores pretenden consolidar el seguro estatal AHV frente a las cajas de pensiones, ya que las rentas de las cajas de pensiones serán cada vez más bajas en el futuro: debido a la crisis de los mercados financieros no son raras las reducciones de hasta el 20 %. “Hay que contrarrestar estos recortes en las pensiones. Para ello, la vía más segura y económica es elevar un 10 % las rentas del seguro AHV. Esta medida se justifica plenamente si se toma en cuenta que las rentas no se han elevado sustancialmente desde hace decenios y cada vez se quedan más rezagadas con respecto a la evolución de los sueldos”, escriben los iniciadores en su página web.
Con un aumento del 10 % de las rentas, los gastos anuales del seguro AHV se incrementarían en 4 000 millones. El texto de la iniciativa no explica cómo financiar este incremento de las rentas. Para la Consejera Nacional Silvia Schenker el dinero no es un problema: el aumento de las rentas “representaría un 0,4 % de las cuotas salariales, tanto para los empresarios como para los asalariados”. Esto es factible, porque no se han incrementado las cuotas desde hace 40 años: un punto de vista que no comparten los conservadores. Así, el Consejero de los Estados por el PDC de Friburgo, Urs Schwaller, explica que el aumento de las rentas que propone la iniciativa es, sencillamente, “imposible de financiar”; incluso sin esta iniciativa, la financiación de las pensiones de jubilación constityue ya un gran reto.
Tampoco el Consejo Federal ve margen financiero alguno para un aumento de las prestaciones del seguro AHV y sigue apostando por su proyecto de reforma “Jubilación 2020”, actualmente en proceso de deliberación parlamentaria. Se trata de un paquete de medidas que contiene, entre otros, los siguientes puntos: una misma edad de jubilación (65 años) para hombres y mujeres; jubilación flexible; disminución del tipo de conversión mínimo en la previsión laboral; y financiación adicional del seguro AHV mediante un aumento del IVA.
Con su iniciativa “En pro de una economía verde”, los Verdes plantean un tema que reviste para ellos capital importancia. Esta iniciativa popular se propone reducir la huella ecológica de Suiza al nivel sostenible de un solo planeta, de aquí al año 2050. Porque si todo el mundo tuviera el mismo nivel de vida que los suizos, necesitaríamos tres planetas. Según los iniciadores, el paso a una economía verde permitiría luchar contra problemas medioambientales tales como el cambio climático, la deforestación y la pesca excesiva, y usar los recursos naturales de forma más sostenible: “Queremos que la sociedad del despilfarro dé paso a un ciclo económico que apueste por productos de larga duración y reutilice los residuos como materias primas”.
La iniciativa no tuvo ningún éxito en el Parlamento, que la juzgó incompatible con la economía. Además, como opina el Consejero Nacional bernés por el PLR Christian Wasserfallen, quien advirtió de los peligros de una “regulación exagerada y sin sentido”, la economía suiza ya es suficientemente verde. Aunque el Consejo Federal también rechaza la iniciativa, ha presentado una contrapropuesta indirecta, ya que apoya al menos las directrices de dicha petición. Presentó una enmienda a la Ley del Medio Ambiente, destinada a proteger los recursos y darles un uso más eficiente. Durante el debate en el Parlamento, la Consejera Federal Doris Leuthard se expresó en un lenguaje similar al de los Verdes: “Tenemos que acabar con esa sociedad del despilfarro y crear una economía cíclica”, y añadió que Suiza produce la mayor cantidad de residuos per cápita de toda Europa. Sin embargo, la advertencia de la Consejera Federal no tuvo eco, pues el Parlamento consideró excesiva incluso una adaptación de la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1983. Ahora será el pueblo quien, el 25 de septiembre, decida solo sobre la iniciativa de los Verdes, sin que exista una contrapropuesta.
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