¿30 km/h en los municipios suizos? El lobby del automóvil pone el freno
31.01.2025 – Stéphane Herzog
En Suiza, las limitaciones de velocidad en poblaciones son objeto de una importante controversia política. Ciudades y municipios desean poner en marcha nuevos proyectos, pero las asociaciones automovilísticas interponen recursos en todo el país.
Muchas ciudades y municipios suizos han optado por reducir el límite de velocidad de 50 a 30 km/h en carreteras cercanas a zonas habitacionales, lo que tiene ventajas e inconvenientes. Por un lado, obliga a conducir tan despacio que se tiene la sensación de ir a paso de tortuga. Por otro, esta limitación mitiga el ruido del tráfico y, según la Oficina de Prevención de Accidentes, reduce en un tercio el número de accidentes en las localidades. Por lo tanto, no es sorprendente que las autoridades locales quieran introducir esta medida no solo en los cascos urbanos y el centro de los pueblos, sino también en la periferia, en cuanto una carretera pasa cerca de un área habitacional. En Lausana, un límite de velocidad de 30 km/h en los grandes ejes ha mejorado el descanso nocturno de casi 33 000 habitantes. En Köniz (BE), la introducción del límite de velocidad de 30 km/h ha sido acogida con gran satisfacción por los vecinos. Y hay muchos otros ejemplos.
Sin embargo, esta vulneración del derecho a circular a 50 km/h en una zona poblada está provocando fuertes reacciones. La polémica fue llevada recientemente al Parlamento Federal por el Consejero Nacional Peter Schilliger, miembro de la junta directiva del Touring Club Suizo (TCS). Este político del PLR cuestiona el margen de maniobra de los municipios en este asunto. En su opinión, compartida por la mayoría del Parlamento, el límite de velocidad en las carreteras “destinadas en prioridad al tráfico” debería ser de 50 km/h dentro de cualquier localidad. La objeción de Schilliger ha dado sus frutos: por ejemplo, el Consejo de Estado del cantón de Berna ha acordado una moratoria sobre la limitación de velocidad a 30 km/h en este tipo de carreteras, recomendada por Michael Rytz, director de proyectos de seguridad vial de la asociación suiza de Transporte y Medioambiente.
El Tribunal Supremo Federal defiende a los municipios
Las asociaciones automovilísticas no tardaron en reaccionar. Así sucedió en Basilea en 2021, cuando la Oficina de Movilidad del cantón de Basilea-Ciudad ordenó limitar la velocidad a 30 km/h en la Feldbergstrasse, entre el Rin y la estación de ferrocarril. El TCS y el Automóvil Club de Suiza (ACS) interpusieron un recurso; el caso llegó hasta el Tribunal Supremo Federal, que desestimó el recurso. “Reducir el límite de velocidad a 30 km/h como medida de pronta aplicación, sostenible y poco costosa, permite reducir eficazmente la contaminación atmosférica y acústica en la Feldbergstrasse”. Los jueces también desestimaron otros argumentos. Reducir la velocidad en un eje “destinado en prioridad al tráfico” es posible: esta medida no afecta el paso de los vehículos de emergencia, autorizados a obviar el límite de velocidad de 30 km/h, ni la eficacia del transporte público. El Tribunal Supremo Federal llegó a la misma conclusión en otro caso, en Berna: dictaminó que corresponde a las autoridades locales, conocedoras de las condiciones locales, determinar la velocidad máxima que debe respetarse. A esto precisamente se opone la moción Schilliger.
Estas sentencias no han aplacado los ánimos de las asociaciones automovilísticas ni de otros colectivos, incluidos los representantes de los sindicatos de policía: opinan que esta política vulnera la libertad de circulación, e incluso la seguridad. En Ginebra, por ejemplo, un plan para reducir el límite de velocidad en 450 ejes urbanos, presentado por Serge Dal Busco, exconsejero de Estado del Departamento de Salud y Movilidad, se vio bloqueado por una serie de seis recursos. Su sucesor, Pierre Maudet, intentó convencer a los demandantes de que retiraran sus recursos, a cambio de la supresión de esta medida en algunos ejes urbanos. Sin embargo, sigue en pie un recurso —interpuesto por un agente de policía, el sindicato de la policía judicial y la asociación del personal de policía— que bloquea todo el proceso, a pesar de que al menos 120 000 habitantes se ven afectados por el ruido excesivo en sus calles y carreteras.
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