Algunos parlamentarios pretendían prohibir al grupo de científicos encargado de asesorar al gobierno federal en materia de pandemia que hiciera declaraciones en público. No lo consiguieron; pero el decreto “mordaza” dio mucho de qué hablar. Continúan tensas las relaciones entre científicos y políticos.
“¡Y, sin embargo, se mueve!” Estas son las palabras que, en el siglo XVII, habría pronunciado Galileo Galilei en respuesta a la Inquisición, cuando lo obligaron a abjurar su teoría, contraria a la cosmovisión papal, de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Retomando su ejemplo, se podría decir: “¡Y, sin embargo, se expresan!” Los aludidos son en este caso los investigadores del grupo de trabajo que asesora al gobierno federal suizo en esos tiempos de pandemia. ¿Es la comparación con Galileo excesiva? Quizás sí. Sin embargo, ciertos comentaristas del país la usaron hace poco, preguntando si el Parlamento quería que regresáramos a esa sombría época.
¿Qué pretendían los parlamentarios? Ni más ni menos que prohibir al grupo de trabajo que hiciera declaraciones públicas, a fin de evitar que comentara las medidas adoptadas por el Consejo Federal ante la pandemia. Esta exigencia fue formulada por la influyente Comisión Económica del Consejo Nacional, antes de la deliberación en torno a la Ley sobre la Covid-19, en primavera. Tras recibir duras críticas, la Comisión redujo sus exigencias y el Consejo Nacional terminó rechazando el proyecto, con 116 votos en contra y 78 a favor. No obstante, el asunto pasó a la historia como el decreto “mordaza”.
El grupo de trabajo está integrado por casi 70 expertos de distintas universidades e institutos de investigación suizos. Están representadas varias especialidades, desde la epidemiología y la economía hasta la ética. Este foro honorífico publica regularmente sus “policy briefs”, en los que hace balance de la situación basándose en datos y modelos. Sus publicaciones reflejan una sólida evaluación científica. Algunos miembros del grupo de trabajo no solo intervinieron en las ruedas de prensa de la Oficina Federal de Salud Pública, sino también en entrevistas y en las redes sociales. Según el mandato celebrado con la Confederación, están autorizados a hacerlo en su calidad de investigadores: un juego de equilibrio, en el que no todos mostraron igual habilidad.
Al encontrarse en el centro de la atención, algunos dieron rienda suelta a su frustración por ver que el sector político no siempre acata sus recomendaciones. Esto despertó críticas, antes siquiera del proyecto “mordaza”. Se acusó al grupo de trabajo de fomentar el alarmismo, ejercer presión sobre las autoridades y carecer de consenso entre sus propios miembros. La desconfianza se desató cuando el organismo advirtió de la tercera ola, justo cuando los partidos conservadores intentaban convencer al Consejo Federal de que relajara las medidas por la pandemia. En los debates posteriores, la UDC, el PLR y el Centro centraron sus ataques en la falta de coherencia interna del grupo de trabajo. “Las declaraciones contradictorias de este equipo han contribuido más a inquietar a la población que a ayudarla”, sentenció Leo Müller, Consejero Nacional del Centro por Lucerna. En tiempos de crisis, añadió, se necesita una comunicación clara, regida también por normas claras.
“Las declaraciones contradictorias de este equipo han contribuido más a inquietar a la población que a ayudarla.”
Consejero Nacional
En cambio, el PSS, los Verdes, Verdes Liberales y parte de las fuerzas conservadoras defendieron la libertad de expresión de los investigadores. La bernesa Regula Rytz, de los Verdes, denunció un “intento de acallar a la ciencia portadora de malas noticias”: una democracia ilustrada y liberal, declaró, pierde toda credibilidad si mete en cintura a la ciencia. También los medios hablaron de un “escándalo”. Limitar la libertad de expresión de la ciencia es perjudicial para la sociedad, escribió el Neue Zürcher Zeitung: es indispensable que los investigadores hagan públicas sus recomendaciones para que los ciudadanos puedan formarse una opinión propia y evalúen las decisiones del sector político.
El grupo de trabajo, por su parte, se mantuvo en la retaguardia durante la polémica. Su Director, Martin Ackermann, Profesor de microbiología de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, ya había descollado por su serena objetividad. El grupo, resaltó Ackermann, no dice al sector político lo que debe hacer, sino que le presenta varias opciones de actuación “de las que sabemos que son efectivas para evitar infecciones”. Añadió que las informaciones y declaraciones del grupo también ayudan a orientar a cantones, asociaciones, empresas y población. Sobre la acusación de alarmismo, Ackermann comentó que la finalidad de los escenarios presentados es evitar que se vuelvan realidad.
“Un intento de acallar a la ciencia portadora de malas noticias.”
Consejera Nacional
Aunque a fin de cuentas no se les puso a los asesores ninguna “mordaza”, su discurso tuvo escaso eco: a pesar de sus análisis que aconsejaban prudencia, el Consejo Federal anunció en abril importantes medidas de relajamiento. Y el debate en torno al grado de intervención de la ciencia en la política continúa, no solo a propósito de la pandemia, sino también del cambio climático y otros temas medioambientales. Por ejemplo, antes de la votación actual sobre la iniciativa del agua potable surgieron discrepancias entre el Consejo Federal y los investigadores de la EPF, quienes recalcaron la problemática de los pesticidas. “Una política que busque soluciones debe tener en cuenta los datos científicos”, opina Servan Grüninger, bioestadístico de la Universidad de Zúrich y Presidente de “Reatch”, una organización que se empeña en acercar la ciencia, la política y la sociedad. Sin embargo, para que esta colaboración prospere, tanto la ciencia como la política aún tienen mucho que aprender.
Muchos investigadores son legos en política y sus concepciones en este ámbito son poco realistas, afirma Grüninger, miembro del PDC: “Creen que sus hallazgos producen automáticamente la política más adecuada”. Muchos no tienen conciencia —o muy poca— de que para tomar decisiones políticas no solo debe tenerse en cuenta la evidencia científica, sino también los aspectos económicos o sociales. Muchas veces tampoco saben cómo hacerse escuchar con eficacia por el sector político. Los políticos, por su parte, suelen considerar las declaraciones de los científicos sobre temas políticos como muestras de arrogancia o injerencia. Solo escuchan a la ciencia mientras corrobore su propio punto de vista.
“Muchos investigadores creen que sus hallazgos producen automáticamente la política más adecuada.”
Bioestadístico
Actualmente, un proyecto denominado “Franxini” pretende fomentar la comprensión mutua. Fue iniciado conjuntamente por investigadores y políticos de todas las tendencias, como respuesta a la controversia suscitada por el decreto “mordaza” en torno a la ley Covid-19. El proyecto lleva este nombre en honor a Stefano Franscini, hijo de campesinos tesineses de escasos recursos, quien se dio cuenta muy joven de la capital importancia de la educación. Este liberal, elegido en 1848 al Consejo Federal, fundó la actual Escuela Politécnica Federal de Zúrich y puso los cimientos de lo que sería la Oficina Federal de Estadística. El objetivo del proyecto Franxini es formar a los investigadores para la política, afirma Servan Grüninger, cuya organización “Reatch” está detrás de la iniciativa. Por ejemplo, los científicos deberán familiarizarse con el sistema político suizo a través de cursos intensivos.
¿Servirá esto de algo? Al parecer, el proyecto ya dio resultado en el caso del epidemiólogo ginebrino Marcel Salathé, quien el año pasado criticó duramente al sector político y abandonó el grupo de trabajo. Ahora apoya el proyecto Franxini y estudia el manual de 900 páginas sobre la política suiza. “Lee el maldito manual del usuario”, escribió en Twitter con un guiño.
El presente artículo refleja la situación a fecha del 1.o de mayo de 2021.Página web del grupo de trabajo científico suizo Covid-19: www.sciencetaskforce.ch
Comentarios
Comentarios :
Il me semble fondamental de prendre en compte les voix des scientifiques, surtout quand il s'agit d'une problématique de l'ampleur que nous avons connue.
La politique, par définition, est au service du peuple et devrait le rester. De ce fait elle devrait toujours prendre en compte l'avis des scientifiques concernant un domaine que nos élus ne dominent pas.
Il va de soi que tout conflit d'intérêt devrait être écarté là même où, de la part des politiques a surgit ce projet "muselière" totalement absurde...
Vive la démocratie et la liberté d'expression !
Une problématique et débat légitime qui s'applique tant aux pays où la liberté d'expression est, d'une manière générale, bien acquise qu'aux autres pays où celle-ci ne l'est généralement pas.
Cependant, deux aspects non abordés dans cet article me semblent pourtant importants et à prendre en considération dans ce genre de débats.
La neutralité politique des scientifiques. En tant qu'êtres humains et citoyens Suisses ou citoyens du monde, ils peuvent avoir des raisons et des analyses qui ne sont pas toujours scientifiquement aussi neutres. Leur aura contribue, positivement ou négativement, à l'acceptabilité de leurs jugements, analyses et recommandations.
La maturité de discernement des autres citoyens. Plus celle-ci est bonne plus la capacité de discernement est meilleure et plus les jugements sont pris à leur juste valeur.
Ces deux aspects peuvent être mitigés si les scientifiques voudraient bien avoir l'honnêteté morale et intellectuelle, de précéder chacune de leurs déclarations, écrites ou orales, par une mention se referrant à leurs orientations politiques, sociales et même religieuses (J'avais omis de mentionner ci-dessus que certains avis et jugements peuvent être influencés par les orientations religieuses de chacun).
Leider sind die wissenschaftlichen Studienergebnisse heutzutage abhängig davon, wer bezahlt. Sehr oft werden alternative Studien, welche valid sind, unterdrückt, damit das politische Narrativ erhalten bleiben kann. Redefreiheit zu unterdrücken ist nie der rechte Weg und jederman soll seine eigene Meinung haben dürfen.
In the current climate the world is facing : people being victimized i.e. losing their jobs ,being deplatformed and so forth for voicing opinions that conflict with those of the extreme Left it is important more than ever that Switzerland allows freedom of speech the hallmark of a free democracy.
Rassurez-vous, la science et la politique font bon menage pour plein de raisons notamment son financement. Avec le Covid-19 l' urgence entre sauver des vies et le maintien de l' economie a provoquer d' intenses batailles partout en Europe. Ces debats de sourds ou il n' y a pas de vainqueur. Trop de morts et une economie durement touchee.
Jede Art von Politischer Entscheidung muss in einem demokratischen System transparent bleiben. Schon die Unsitte, Themen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beraten, passt schlecht in mein Demokratieverständnis.
Wer kann zu seiner Ansicht nicht stehen, wer traut sich nicht, zu sagen, was er denkt und wie er entscheidet? Das allein stinkt nach unredlichen Absichten. Von solchen Politikern
mag ich meine Welt nicht bestimmen lassen.
In der Forderung, einem Beratergremium das Reden zu verbieten, sehe ich meine Bedenken bestätigt.
Ich finde es sehr traurig, dass sich in den Länder die Politiker so stark einmischen und somit viele Leben kosten. Auch bin ich erstaunt, dass die Schweiz bis heute nicht alle Leute geimpft hat. Acht Millionen Menschen? Brasilien hat bereits 40 Millionen geimpft. Was steckt hinter dieser Pandemie?