Una lucha en torno al derecho nacional, el derecho internacional y los derechos humanos

“El derecho nacional por encima del derecho internacional”; “el derecho suizo en lugar de jueces extranjeros”: estas reivindicaciones encajan perfectamente en unos tiempos en que el nacionalismo está recobrando fuerza a nivel global. Son fórmulas sencillas, tajantes, sin matices. La llamada Iniciativa de Autodeterminación (SBI, por sus siglas en alemán) de la UDC, sobre la cual el pueblo tendrá que decidir el 25 de noviembre de 2018, también sigue ese patrón. Su principal demanda es: “La Constitución Federal prima sobre el derecho internacional y se encuentra por encima de éste”, salvo algunas disposiciones obligatorias, como la prohibición de la tortura. Los tratados internacionales que entren en conflicto con la Constitución obligarán a Suiza a renegociarlos y, si fuese necesario, a rescindirlos. Además, sólo serán determinantes para el Tribunal Federal Supremo aquellos tratados que fueron ratificados mediante referendo.

Según la UDC, la autodeterminación y la independencia de Suiza estarían amenazadas por “políticos, funcionarios y profesores” que pretenden que “el pueblo suizo deje de tener la última palabra; que pretenden limitar los derechos del pueblo”, argumenta la iniciativa; se tendería cada vez más a considerar que “el derecho extranjero, así como los jueces y tribunales extranjeros, prevalecen sobre el derecho suizo, determinado por el pueblo y los cantones”. La iniciativa de autodeterminación pretende que “la ley suiza sea nuestra fuente de derecho suprema” y “que los referendos se lleven a cabo sin condición alguna, que la decisión le convenga o no a la ‘élite’ de Berna”. Además, la UDC sostiene que su iniciativa “garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad, al aclarar la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional”.

Un peligro para la estabilidad y la credibilidad

Éste es precisamente el punto que los opositores a la SBI desmienten. Debido a que la iniciativa obliga a Suiza a renegociar y, en dado caso, a cancelar los tratados internacionales que entren en conflicto con la Constitución, “pone las obligaciones internacionales de Suiza en tela de juicio, comprometiendo la estabilidad y credibilidad del país”, señala el Consejo Federal. Entre otras cosas, la SBI haría peligrar la posición de Suiza en el ámbito económico. “Amenaza la seguridad jurídica de las relaciones comerciales internacionales” y dificulta la planificación a las empresas suizas.

Al pretender fijar reglas estrictas que rijan un eventual conflicto entre el derecho constitucional suizo y el derecho internacional, la iniciativa restringe el margen de maniobra del Consejo Federal y del Parlamento; esto imposibilitaría la búsqueda pragmática de soluciones de base amplia, conformes con ambas esferas del derecho. A Suiza sólo le quedarían dos opciones: adaptarse, es decir, renegociar un contrato, o bien rescindirlo.

El derecho internacional como derecho contractual

Contraponer el derecho internacional al derecho suizo es ampliamente ficticio, ya que el derecho internacional no es simplemente un derecho extranjero impuesto a Suiza: el derecho internacional es, en gran medida, el derecho contractual que dos Estados o grupos de Estados han negociado. En Suiza, los tratados de derecho internacional se someten a un proceso democrático, como también suele ocurrir en el caso de la legislación nacional. Hoy en día, todos los tratados internacionales importantes se someten a un referendo facultativo o, incluso, obligatorio.

Una demanda es particularmente mal vista por los opositores a la SBI (el Consejo Federal, la mayoría parlamentaria y casi todos los partidos, excepto la UDC): que sólo deban ser determinantes aquellos tratados internacionales que se hayan sometido a referendo. “La iniciativa alienta a las autoridades a hacer caso omiso de las obligaciones contractuales existentes”, señala el gobierno federal. Este llamamiento a romper los tratados podría debilitar considerablemente a Suiza, ya que las partes contratantes dejarían de sentirse vinculadas a los contratos firmados con Suiza.

Kathrin Alder, abogada y corresponsal del “Neue Zürcher Zeitung” ante el Tribunal Federal, analiza más a fondo la problemática del referendo. De hecho, el debate sobre el conflicto entre derecho nacional y derecho internacional se avivó por una sentencia del Tribunal Federal, que dio prioridad al Acuerdo sobre la libre circulación de personas (ALCP) a expensas del derecho federal: “La iniciativa de autodeterminación pretende evitar que tales sentencias puedan dictarse en el futuro y, a primera vista, promete una solución simple. Sin embargo, la iniciativa no elimina la libre circulación de personas, que tanto disgusta a la UDC, ni proporciona claridad jurídica: el ALCP, por ejemplo, fue sometido a referendo en el marco de los acuerdos bilaterales I, por lo que, según los términos de la iniciativa de autodeterminación, sigue siendo determinante para el Tribunal Federal. Por lo tanto, en caso de conflicto deciden los jueces de Lausana”.

La cuestión central de los derechos humanos

En cambio, afirma Kathrin Alder, en caso de aprobarse la iniciativa, la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) ya no sería determinante para el Tribunal Federal: “Cuando se ratificó la Convención, algunos tratados internacionales importantes aún no se habían sometido a referendo. Por lo tanto, en el futuro prevalecería el derecho constitucional, lo que acarrearía consecuencias jurídicas poco claras”. La periodista del NZZ escribe: “Los promotores de la iniciativa golpearon al perro cuando querían golpearle al amo: porque más que a los jueces ‘extranjeros’ de Estrasburgo, aborrecen a sus ‘propios’ jueces de Lausana. Finalmente, el Tribunal Federal dictaminó que la CEDH y el ALCP debían prevalecer sobre el derecho federal. Con la iniciativa de autodeterminación, la UDC pretende reforzar la democracia directa. En realidad, lo que pretende es debilitar al poder judicial, es decir, al Tribunal Federal. Lejos de crear una jerarquía coherente entre el derecho nacional y el internacional, la iniciativa crea incertidumbre jurídica”.

Con toda seguridad, la cuestión de los derechos humanos desempeñará un papel clave en la batalla electoral. De aprobarse la iniciativa, el Consejo Federal advierte de “un debilitamiento de la protección internacional de los derechos humanos, en particular de las garantías de la CEDH”. Incluso podría ser que Suiza ya no pudiera aplicar las disposiciones de la CEDH. “A largo plazo, tampoco se descarta que Suiza quede excluida del Consejo de Europa, lo que equivaldría a una renuncia a la CEDH”. Sin embargo, el Consejo de Europa y la CEDH son “de vital importancia” para Suiza, con vistas a la estabilización del Estado de derecho, la democracia, la seguridad y la paz en toda Europa.

También en el Parlamento, los opositores a la iniciativa acusaron a sus promotores de querer derogar los derechos fundamentales, lo que equivale a una amenaza de tiranía por parte de la mayoría. Aprobar la iniciativa supondría renunciar a la CEDH, a pesar de que ésta brinda a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de defenderse incluso en contra del Estado, de ser necesario.

A Hans-Ueli Vogt, Profesor de Derecho en Zúrich, miembro del Consejo Nacional de la UDC y padre espiritual de la SBI, todos estos argumentos lo traen sin cuidado. En una entrevista concedida a Weltwoche, a la pregunta de si no estaba socavando los derechos humanos, respondió: “No. La protección de los derechos humanos en Suiza no depende de un tribunal extranjero. Los derechos humanos ya se encuentran protegidos en nuestra Constitución”.

Por el contrario, la organización “Schutzfaktor M” [Factor de protección de los derechos humanos] afirma: “Necesitamos la CEDH, aunque nuestra Constitución garantice los derechos fundamentales. Porque estos derechos fundamentales ‘no están grabados en piedra’: una mayoría de votantes y de cantones puede modificar la Constitución. De esta manera, los derechos fundamentales garantizados en la Constitución pueden modificarse, e incluso derogarse, por ejemplo sobre la base de una iniciativa popular”. Schutzfaktor M lleva años luchando contra la iniciativa de la UDC, junto con más de cien organizaciones suizas.

Se perfila una encarnizada batalla electoral. Muestra de ello es lo que ocurrió durante el debate parlamentario. Thomas Aeschi, líder del grupo parlamentario de la UDC, no dudó en hablar de un “golpe de Estado” de los opositores a la iniciativa, quienes querían privar al pueblo de toda autodeterminación. Roger Köppel, miembro del Consejo Nacional de la UDC, dio otra puntilla: “Lo que está sucediendo es un derrocamiento en frío del pueblo. Es la toma del poder, una especie de golpe de Estado, por una exaltada clase política que no está dispuesta ni es capaz de proteger los derechos del pueblo, al que ha prestado solemne juramento”. La “élite política, embriagada de poder, está decidida a confiscar brutalmente la soberanía popular”. Köppel describió a sus oponentes políticos del Consejo Nacional como “antidemócratas que se autoproclaman representantes del pueblo, mientras que están más próximos a los países extranjeros que a Suiza”.

¿Deben los cuernos de vaca elevarse a rango constitucional?

El 25 de noviembre de 2018, Suiza votará también la “Iniciativa Hornkuh”, que pretende restablecer la dignidad de los animales de cría y reclama una ayuda financiera urgente, garantizada por la Constitución, para dejar intactos los cuernos de vacas y cabras. En el centro del comité de la iniciativa está el granjero de montaña Armin Capaul. Los opositores argumentan que los cuernos deben extirparse para evitar accidentes; además, mantener a los animales con o sin cuernos sería una decisión empresarial. En cambio, sus promotores y una minoría verde de izquierda en el Parlamento consideran que la quema de cuernos supone tortura y dolor para los animales y contraviene la Ley de Protección Animal. El Consejo Federal y la mayoría parlamentaria rechazan la iniciativa.

Imagen: Es Suiza un títere de Europa? El consejero nacional de la Unión Democrática del Centro (UDC), Thomas Aeschi, en el debate sobre la iniciativa. Foto: Keystone