De acuerdo con las conclusiones de una investigación parlamentaria, la responsable de la quiebra de Credit Suisse fue la propia directiva del banco, si bien las autoridades también incurrieron en errores en su supervisión. El debate actual se centra en un plan de regulación más estricto para el banco UBS, que lo absorbió.
A mediados de marzo de 2023, el mundo observaba con nerviosismo el mercado financiero de Suiza: a pesar de haber recibido un crédito de emergencia del Banco Nacional Suizo (BNS), Credit Suisse (CS) se enfrentaba a problemas de liquidez; el banco de importancia mundial se estaba tambaleando. Gracias a la fusión de CS y UBS, autorizada por el Estado, la Ministra de Justicia Karin Keller-Sutter, la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) y BNS lograron evitar, “bajo una inmensa presión”, una crisis financiera internacional, señaló la Comisión Parlamentaria de Investigación (CIP) en su informe publicado a finales de 2024.
La comisión, compuesta por 14 miembros y presidida por la Consejera de los Estados friburguesa del Centro Isabelle Chassot, describe detalladamente las reacciones de las autoridades ante la crisis, que se agravó en otoño de 2022: además de la fusión de emergencia, las autoridades consideraron otras opciones, como el saneamiento bancario, la quiebra y la nacionalización temporal de CS. Cuando los acontecimientos se precipitaron en la primavera de 2023, prevaleció la solución preferida por las autoridades: la adquisición de CS por parte de UBS, una operación garantizada por el Estado con varios miles de millones de francos. La CIP considera que esta solución era “globalmente” adecuada, aun cuando representara un riesgo para los contribuyentes.
La comisión dejó claro que el cuasicolapso de un banco antaño sólido se debió a “años de mala gestión por parte del consejo de administración y la dirección de CS”. Su informe muestra cómo los representantes de CS regatearon, hasta el último momento, las condiciones con el Gobierno, como si se tratara de una “partida de póquer”. Sin embargo, de conformidad con su cometido, la CIP no investigó el comportamiento de los directivos bancarios, sino la gestión de la crisis por parte de los funcionarios federales. Y no todos ellos tienen un historial intachable.
La CIP señala deficiencias en la prevención y detección precoz de la crisis. El Consejo Federal y el Parlamento tardaron demasiado en hacer uso de la normativa “too big to fail” (“demasiado grande para quebrar”), adoptada tras el rescate de UBS en 2008, y apenas la siguieron desarrollando. Cuando en CS se torcieron las cosas, el entonces Ministro de Finanzas, Ueli Maurer, no mantuvo suficientemente informado al Consejo Federal, cancelando en el último minuto una reunión sobre la crisis. Tampoco transmitió ningún expediente escrito a Karin Keller-Sutter, que le sucedió a finales de 2022. Maurer rechazó las acusaciones a principios de 2025, alegando que se trataba de evitar filtraciones que habrían supuesto un peligro aún mayor para el banco.
La FINMA, por su parte, intervino en múltiples ocasiones ante CS desde 2015 para exigirle mejoras, pero sin lograr imponerse, señala la CIP. Tampoco sancionó la conducta indebida de los directivos de CS, a pesar de que había procedimientos en curso. En 2017, concedió a CS un alivio de capital para que el colchón de capital pareciera mayor de lo que era en realidad, un procedimiento que el Banco Nacional Suizo había desaconsejado.
¿Qué enseñanzas pueden extraer los responsables políticos de esta investigación, a fin de evitar futuros riesgos y consecuencias que afecten a la sociedad en su conjunto? La CIP exige, entre otras cosas, que se otorgue a la FINMA mayores facultades para imponer sanciones. En términos generales, es partidaria de dar “más peso” a la estabilidad financiera, teniendo en cuenta la “considerable importancia” del banco UBS tras su fusión con CS. En concreto, esto significa aumentar los requerimientos de capital del único banco suizo de importancia sistémica que ahora opera a escala internacional, para que pueda absorber sus propias pérdidas en el extranjero. Esta medida es objeto de debate.
El centro-izquierda está a favor de esta medida, mientras que la derecha teme las consecuencias de una posible salida de ese gigante bancario que ha llegado a ser UBS. El Director de UBS, Sergio Ermotti, rechaza una mayor capitalización, lo que los medios de comunicación han estilizado como una lucha de poder con la Ministra de Finanzas Keller-Sutter. ¿Hasta dónde llegará el Consejo Federal? Probablemente lo sabremos a principios de verano. Antes, el Parlamento examinará el informe de la CIP en marzo. Tras dos dramáticos rescates en quince años, el debate sobre la regulación bancaria en Suiza continúa abierto.
Gracias a la fusión de emergencia de ambos bancos se logró evitar una crisis financiera internacional.
Enlace al informe de la CIP: www.revue.link/cepcs
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