La iniciativa “Por una prohibición de la financiación a los productores de material bélico” pretende poner fin a las inversiones suizas en la industria armamentista internacional. Su objetivo es que el Banco Nacional Suizo, las cajas de pensiones y las fundaciones no puedan invertir en empresas que obtengan más del cinco por ciento de su volumen de ventas a partir de la fabricación de material bélico. Quienes promueven esta iniciativa son el “Grupo por una Suiza sin Ejército” (GSsE) y los Jóvenes Verdes. Según ellos, Suiza, como país neutral y como guardiana de la Convención de Ginebra, debe abstenerse de “obtener beneficios de las víctimas de guerras”.
Sin embargo, el Consejo Federal y el Parlamento rechazan la iniciativa sin ofrecer contrapropuesta alguna. Según el Ministro de Economía Guy Parmelin (UDC), son suficientes las actuales prohibiciones de financiación de las armas atómicas, biológicas y químicas, así como de las municiones en racimo. Parmelin opina que la iniciativa afectaría a muchas empresas ajenas al sector armamentista –por ejemplo, a un fabricante de vidrio que, además de ventanas normales, produzca también vidrio para las cabinas de aviones de guerra–.
La iniciativa popular, apoyada exclusivamente por los verdes de izquierda, probablemente tenga pocas posibilidades de éxito, al igual que diversas iniciativas promovidas anteriormente por el GSsE: en 2009, una iniciativa popular que exigía la prohibición de las exportaciones de material bélico fracasó rotundamente, con casi un 68 por ciento de votos en contra.
Mayores probabilidades de éxito tiene una iniciativa popular contra las exportaciones de material bélico a países en guerra civil, apoyada por un comité suprapartidista. Porque a diferencia de la iniciativa fracasada del GSsE, no pide la prohibición total de las exportaciones de material de guerra, sino más bien que se prohíba la exportación de armamento suizo a países en guerra civil o que violen los derechos humanos de forma grave y sistemática.
Lo que dio lugar a esta “iniciativa de rectificación” fueron los planes del Consejo Federal de permitir las exportaciones de material bélico a países en guerra civil si no existen motivos para suponer que las armas se usarán en el conflicto. El gobierno quería apoyar de esta manera a la industria armamentista suiza, pero desistió de su plan en vista de las duras críticas que éste suscitó. Los iniciadores pretenden, además, que se anule una decisión parlamentaria de 2014 que permite la exportación de armamento a países en los que los derechos humanos se violan sistemáticamente. El Consejo Federal tiene previsto presentar al Parlamento una contrapropuesta que se ajuste a las exigencias de los iniciadores. La alianza contra las exportaciones de armamento a países en guerra civil no descarta retirar la iniciativa si sus objetivos se logran por la vía legal. Por lo tanto, no se sabe todavía si la “iniciativa de rectificación” llegará a las urnas.
Se duplican las exportaciones de armas
En el primer semestre de 2020, las empresas suizas exportaron material bélico por valor de 501 millones de francos. Eso es casi el doble de las exportaciones del mismo periodo del año anterior (273 millones de francos). Según las autoridades, tales oscilaciones suelen producirse con cierta frecuencia y se deben a importantes pedidos individuales. En la lista de compradores figuran 55 países. Durante el primer semestre, el principal importador fue Indonesia: este país compró sistemas de defensa antiaérea por valor de 110 millones de francos. Botsuana, por su parte, compró vehículos acorazados por 64 millones de francos. En Europa, los principales compradores de material bélico suizo fueron Dinamarca, Rumanía y Alemania.
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