La ayuda al desarrollo se centrará más en los intereses de Suiza

Suiza colabora, desde hace casi sesenta años, en la ayuda al desarrollo. Lo que empezó con la construcción de puentes colgantes en Nepal, se convirtió en las siguientes décadas en una política global, encaminada a mejorar las condiciones de vida en los países en vías de desarrollo. Hasta ahora, millones de personas en África, Asia y Latinoamérica se han beneficiado de programas educativos y de salud. Además, Suiza se ha venido perfilando como un Estado neutral que incentiva la paz y el Estado de derecho. Sin embargo, el objetivo principal de la colaboración mundial para el desarrollo sigue siendo el combate a la pobreza. En la “Agenda 2030” de las Naciones Unidas, esta meta se vinculó por primera vez con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible y se le asignó una dimensión económica, social y ecológica, que incluye, entre otras, medidas para la protección del clima.

Los países en vías de desarrollo como futuros mercados

En Suiza, es el Consejo Federal el que establece, cada cuatro años, la estrategia para la colaboración internacional. Sin embargo, se propone ahora modificar el rumbo para los años 2021-2024. Así, en la selección de los países y programas se deberán tener más en cuenta, además del objetivo de reducir la pobreza, los intereses de la economía suiza, así como aquellos relacionados con la migración y la seguridad. “Debido a su economía abierta y altamente globalizada, Suiza no puede prescindir de un orden internacional estable”, explica a Panorama Suizo el Ministro de Asuntos Exteriores Ignazio Cassis (PLR). Asimismo, la Confederación está interesada en fortalecer el Estado de derecho en los países en vías de desarrollo, no sólo en beneficio de la población local, “sino también porque son futuros mercados para nuestros productos”. Además, prosigue el Ministro, a Suiza le conviene “combatir las causas de la migración irregular y la huida”.

Sin embargo, en materia de política migratoria el Consejo Federal descarta la posibilidad de supeditar la ayuda de Suiza a la cooperación de determinado país —por ejemplo, para repatriar a sus ciudadanos sin derecho de asilo—, como reiteradamente lo ha venido exigiendo la UDC. Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como los organismos de ayuda, se oponen a tales condicionamientos. En la primavera de 2019, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE exigió que la ayuda suiza al desarrollo se orientara según las necesidades de los países socios y no se pusiera al servicio de la lucha contra la migración irregular.

Exclusión de Latinoamérica

En cambio, la OCDE considera pertinente que Suiza quiera reducir su compromiso en términos geográficos. El Consejo Federal pretende concentrar la ayuda bilateral en las regiones más pobres de África, del Oriente Próximo, Asia y Europa del Este, y reducir el número de países prioritarios de 46 a 34; justifica la exclusión de Latinoamérica argumentando que estos países, excepto Haití, ya no están entre los más pobres. Sin embargo, este argumento no convence a los organismos de ayuda: también en ciertos países latinoamericanos, como Bolivia, existen todavía importantes desigualdades y conflictos sociales, subraya Mark Herkenrath, Director de Alliance Sud, el grupo de reflexión de los seis principales organismos de ayuda suizos (Swissaid, Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas, Caritas, Heks). Con su compromiso, Suiza contribuye decisivamente al fortalecimiento de la sociedad civil y a la protección de los derechos humanos en Latinoamérica. “Su exclusión sólo sería aceptable si los recursos liberados se usaran para luchar contra la pobreza, y no para ampliar alianzas con el sector privado”, dice Herkenrath. Según muestra la experiencia, en Estados frágiles la movilización de fondos privados tiene poco éxito.

El controvertido papel del sector privado

A pesar de ello, el Consejero Federal Cassis quiere reforzar el papel del sector privado, ya que “su presencia en la colaboración para el desarrollo es indispensable, debido a su capacidad innovadora, sus conocimientos especializados, sus canales de distribución y sus posibilidades de inversión”. Según Alliance Sud, el sector privado sólo contribuye a un desarrollo sostenible si crea puestos de trabajo “dignos” en los países en vías de desarrollo, si respeta los derechos humanos y el medioambiente, y no evade impuestos.

Será en febrero de 2020 cuando el Consejo Federal decida sobre el rumbo definitivo de la colaboración internacional 2021–2024. En la primera consulta sobre los puntos estratégicos de esta colaboración, celebrada el verano pasado, participaron casi 250 organizaciones, partidos y asociaciones. Según numerosos participantes, los objetivos son todavía extremadamente vagos.

80 céntimos de franco al día por habitante

Junto con la estrategia, también se presentará ante el Parlamento el crédito marco para los próximos cuatro años. Para la colaboración internacional está previsto un monto total de 11 370 millones de francos, lo que equivale aproximadamente a 80 céntimos de franco al día por habitante. La suma total proyectada supera ligeramente los 11 110 millones disponibles para el periodo 2017–2020 en curso.

En relación con su ingreso nacional bruto (INB), Suiza no aumentará sus gastos por concepto de ayuda al desarrollo; éstos ascenderán presumiblemente al 0,45 por ciento de su INB. En 2011, el Parlamento encargó al Consejo Federal que aumentara esa cuota al 0,5 por ciento; pero este objetivo ya no se alcanzará en el periodo en curso.

El año pasado, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE exhortó nuevamente a Suiza a cumplir su promesa del 2011. Los organismos de ayuda, que solicitan desde hace años una cuota del 0,7 por ciento del INB, esperan que el nuevo Parlamento corrija el rumbo. Alliance Sud señala que países como Suecia, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca y Gran Bretaña aportan anualmente hasta el uno por ciento de su INB a la colaboración para el desarrollo.

La UDC, en cambio, aboga por recortes drásticos: desde su punto de vista, Suiza destina una parte excesiva de sus ingresos fiscales a la ayuda al desarrollo; propone traspasar anualmente mil millones de francos de este presupuesto a la caja del Seguro de Vejez y Supervivencia (AVS) y está preparando una iniciativa popular en este sentido. En opinión de la UDC, los únicos fondos que deben quedar exentos de cualquier recorte son los de la ayuda humanitaria a las víctimas de catástrofes tales como hambrunas o terremotos.

Documentos de la consulta sobre la cooperación internacional para el desarrollo de los años 2021–2024