En Suiza se ha utilizado por primera vez una cápsula de suicidio, a pesar de que las autoridades la han declarado ilegal. La noticia ha causado gran revuelo, precisamente porque Suiza lleva años manteniendo una postura liberal respecto al suicidio asistido. ¿Cómo explicar este cambio?
Normalmente, los medios de comunicación no informan sobre suicidios, por temor a que la noticia provoque conductas imitativas. Sin embargo, a finales de septiembre la prensa suiza e internacional dedicó largos artículos al caso de una mujer estadounidense de 64 años que se había quitado la vida en una zona boscosa cerca de Schaffhausen. El motivo de divulgar esta noticia fue y es que el caso pone en tela de juicio la práctica suiza de la eutanasia; ha dado lugar a detenciones y procesos penales contra las personas que ayudaron a cometer este suicidio; y ha causado alarma en los círculos políticos.
La mujer viajó a Suiza para morir en la nueva cápsula suicida Sarco. Al pulsar un botón, la persona recostada en la cápsula puede liberar nitrógeno que provoca su muerte por asfixia: una muerte “rápida y serena”, según promete The Last Resort, que ofrece la cápsula Sarco. Recién llegada a Suiza, esta organización está vinculada al inventor de la máquina, Philip Nitschke. Este médico australiano residente en los Países Bajos lleva mucho tiempo pugnando a escala internacional por el derecho al suicidio asistido, prohibido en muchos países. Se trata de un derecho humano, proclama este hombre de 77 años, que no rehúye las provocaciones.
Nitschke siguió a distancia el primer uso de su dispositivo suicida en Suiza, utilizando una cámara, así como un monitor de oxígeno y de frecuencia cardíaca instalados en la cápsula. Así lo explicó al diario holandés De Volkskrant, que había enviado a un de sus fotógrafos para cubrir el evento. Aunque respetaron las decisiones personales de la candidata, los proveedores de la cápsula ignoraron meses de advertencias de las autoridades cantonales, e incluso una reciente advertencia del Consejo Federal. Dos horas antes de los hechos, la Ministra del Interior declaró el dispositivo ilegal.
Sarco viola la Ley de Seguridad de los Productos y la Ley de Sustancias Químicas, afirmó la Consejera Federal Elisabeth Baume-Schneider ante el Parlamento. El equipo de Nitschke, en cambio, subraya que cumple las normas legales, tal y como lo habrían confirmado expertos jurídicos. Ahora, los tribunales tendrán que pronunciarse sobre el caso. La reacción pública en Suiza fue ampliamente negativa. La prensa de Schaffhausen denunció una “perversa estratagema de marketing”, y los medios de comunicación nacionales no se mostraron menos críticos. Por su parte, las organizaciones de eutanasia acreditadas se distanciaron claramente del caso.
Suiza es conocida por su liberalidad en materia de eutanasia, razón por la cual ha sido elegida por los defensores de esta causa. ¿Por qué tanto revuelo, entonces? Entre otros motivos, porque hay preguntas sin respuesta acerca de la organización. Como reveló el Neue Zürcher Zeitung, una primera utilización de Sarco se canceló en verano, después de que la candidata al suicidio abandonara The Last Resort, acusando la organización de haber abusado económicamente de ella y levantado revuelo mediático en torno a su caso. The Last Resort rechaza las acusaciones. La mujer, también de nacionalidad estadounidense, murió más tarde con la ayuda de otra asociación.
También hay dudas sobre la nueva tecnología propuesta: morir aislado en una cápsula, sin contacto humano. Además, apenas hay experiencia con el método del nitrógeno. ¿Qué ocurre si la muerte no es “rápida y serena”? En Suiza se utiliza normalmente el pentobarbital sódico como agente eutanásico en el suicidio asistido, un fármaco recetado por un médico. Sarco plantea la cuestión de si, tras más de cuarenta años de liberalismo, no sería conveniente una mayor intervención estatal, algo que los políticos se han abstenido de hacer hasta ahora.
El suicidio asistido mediante un medicamento letal que la persona dispuesta a morir puede tomar ella misma, está poco regulado. El Código Penal solo castiga a quien ayude a alguien a morir «movido por un interés egoísta». Lógicamente, esto significa que la asistencia desinteresada está permitida. Sobre esta base se ha estado sustentando la práctica liberal desde que se fundó, en los años ochenta, la primera y ahora mayor organización de suicidio asistido en Suiza: Exit. El Tribunal Supremo Federal, máxima autoridad jurídica suiza, la ha ratificado en varias de sus sentencias.
La Academia de Ciencias Médicas ha elaborado unas directrices éticas: el suicidio asistido es justificable en caso de sufrimiento insoportable constatado por un médico, unido a un deseo de morir permanente y debidamente meditado por parte de un individuo en plena posesión de sus facultades mentales. Según las últimas estadísticas federales, 1 600 personas residentes en Suiza murieron por suicidio asistido en 2022. A esto se añaden las personas procedentes del extranjero, cuyo número total se desconoce. En 2023, 235 personas recibieron asistencia de la organización Dignitas, que, a diferencia de Exit, también asiste a personas sin residencia ni pasaporte suizos.
A pesar de las críticas al “turismo de la muerte”, la política liberal de Suiza goza de apoyo popular. Así lo demuestran las votaciones cantonales (la última en Ginebra, en junio), que a menudo giran en torno a la cuestión de si el suicidio asistido debería ofrecerse en los centros asistenciales públicos. Algunas organizaciones de suicidio asistido también han ampliado sus procedimientos, haciéndolos extensivos a las personas mayores que no padecen una enfermedad grave. Sin embargo, los proveedores de Sarco van un paso más allá, al proponer el suicidio asistido sin atención médica.
Hasta ahora, todos los intentos políticos de endurecer la reglamentación han resultado en vano; el último se remonta a hace quince años. Sin embargo, se han presentado nuevas iniciativas en el Parlamento: la Consejera Nacional de la UDC de Zúrich, Nina Fehr Düsel, pide al Gobierno Federal que prohíba la cápsula Sarco. El Consejero Nacional de Zúrich, Patrick Hässig, de los Verdes Liberales, aunque rechaza tal prohibición, exige que el Gobierno promulgue una ley nacional de suicidio asistido, argumentando que se necesita un marco legal que proteja a todas las personas afectadas: tanto a los candidatos al suicidio asistido y sus familiares, como al personal de las organizaciones dedicadas a esta tarea.
¿Promulgar una ley específica sobre el suicidio asistido, en lugar de seguir remitiéndose al derecho penal, la seguridad de los productos, la legislación sobre sustancias químicas o estupefacientes? Tras un largo periodo de apatía, Suiza empieza a debatir este delicado tema. Una cosa es cierta: los suicidios asistidos no han dejado de aumentar. En 2003, 187 personas eligieron esta opción. Actualmente, esta cifra asciende a 1 600, lo que corresponde a un incremento del 755 % en los últimos veinte años.
La página web www.143.ch ofrece asistencia en caso de pensamientos suicidas, también por chat e e-mail. Sin embargo, tenga en cuenta que el número de teléfono de emergencia 143 está reservado para llamadas desde Suiza.
Ayuda para los afectados y sus familiares: www.parler-peut-sauver.ch
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