A pesar del respaldo popular a la Ley del coronavirus y de un número récord de contagios, las medidas oficiales de combate a la pandemia durante el invierno 2021-2022 no fueron tan drásticas. Se obtuvieron mejores resultados que el año anterior.
Mientras que el sistema político de la división de poderes provocó con frecuencia una desesperante ralentización del combate a la pandemia, a principios de invierno la democracia directa puso de manifiesto una de sus ventajas: los derechos populares son una válvula de escape en tiempos de crisis. La votación de finales de noviembre sobre la Ley del COVID-19 supuso un espaldarazo a la política oficial de lucha contra la pandemia. Una clara mayoría manifestó incluso que aceptaba el certificado COVID, la más controvertida de las medidas de protección. Para los opositores a la política oficial de combate al COVID, que habían promovido varios referendos y realizado ruidosas protestas callejeras, esto constituyó una segunda y decisiva derrota.
Aunque no se desvanecieron las tensiones sociales en torno a la pandemia, la votación ayudó mucho a desactivarlas. Y para el Consejo Federal, el “sí” del pueblo fue un respaldo para combatir la pandemia, como no lo había recibido ningún otro Gobierno anterior; sin embargo, lejos de considerar que el pueblo le había dado carta blanca, mantuvo la actitud moderada que había adoptado tras el fin del confinamiento. Como dijo el epidemiólogo ginebrino Marcel Salathé, en la pandemia Suiza siempre “navegó cerca del viento”: una estrategia por la que el país pagó un elevado precio durante la segunda ola en el otoño e invierno de 2020/2021, al registrar una importante sobremortalidad.
Un año más tarde, antes del periodo navideño, se dio un nuevo endurecimiento de las restricciones: solo podrían acceder a restaurantes, cines o gimnasios las personas vacunadas o recuperadas de la enfermedad, debido a que la tasa de ocupación en las unidades de cuidados intensivos había vuelto a superar un nivel crítico. La variante delta era una grave amenaza, sobre todo para las personas no vacunadas. Para poder atenderlas, los hospitales se vieron obligados a posponer operaciones. Y se habían actualizado apresuradamente las consignas por si hubiera sido necesario aplicar un triaje duro, a fin de decidir quién tendría acceso prioritario a los cuidados intensivos. Al mismo tiempo comenzó a extenderse la variante ómicron, de la que se sabía poco.
Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, el Consejo Federal renunció a tomar las medidas más drásticas que había discutido previamente con los cantones, como el cierre de restaurantes. Tampoco cambió su postura cuando en enero la ola ómicron embistió con fuerza descomunal, tal como lo había previsto la comisión de asesores científicos de la Confederación. Y una vez superado el pico, a mediados de febrero —con el virus aún muy activo— se levantaron todas las medidas sanitarias, excepto la obligación de llevar mascarilla en ciertas situaciones. Contrariamente a lo que se temía, no se sobrecargaron los hospitales, ya que había aumentado la inmunidad de la población gracias a la vacunación y la infección: solo en las semanas más virulentas del ómicron se contagió entre el 30 y el 40 % de la población.
A diferencia de algunos países vecinos y a pesar de su tasa de vacunación relativamente baja, Suiza logró pasar el segundo invierno del coronavirus sin cierres ni vacunación obligatoria. Al optar por las libertades “hicimos una apuesta”, afirmó el Presidente de la Confederación, Ignazio Cassis, y “la hemos ganado”. Sin embargo, no todos comparten su optimismo: los expertos advierten que el 20 % de las personas contagiadas podrían tener secuelas a largo plazo. El sistema de seguridad social suizo ya está sufriendo las consecuencias: tan solo el año pasado se registraron 1 700 nuevos beneficiarios aquejados de Covid “largo”.
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